Los costos políticos del tren rápido

César Lachira Sáenz

Nos preguntamos, ¿se estará midiendo los costos políticos de ubicar la terminal del tren rápido, en la colonia Balcones del Acueducto, donde convergen las colonias Calesa y Hércules? La respuesta es: creo que no.

En primer lugar, los habitantes de Calesa no están de acuerdo con el proyecto porque consideran que no es en beneficio de Querétaro; además, piden que se realice una consulta popular para determinar la ubicación de la terminal. Segundo, estamos a 10 meses de un proceso electoral para elegir gobernador, presidente municipal y diputados locales y federales, y tal como se están planteando las cosas parece que no se está midiendo el costo político electoral de la decisión.

En el clamor ciudadano, colonos, empresarios y vecinos de comunidades aledañas, como San Javier, Lomas del Marqués, Álamos secciones I y II, se han manifestado de diversas maneras para exigir que la terminal no sea instalada en ese lugar porque temen que resultará afectada su calidad de vida, sin embargo, los planificadores de la obra parecen que van hacer caso omiso a tal rechazo.

Si bien se va a realizar una consulta popular, no significa que los resultados sean determinantes para llevar realizar la construcción, finalmente la autoridad es libre de llevar a cabo la decisión. Visto de esta manera la consulta popular es una vacilada de la democracia.

Para el Ejecutivo la situación es compleja, si acata la decisión de la consulta se legitima y suma votos para su partido; de lo contrario habrá voto de castigo en distritos electorales que le han sido adversos al Partido Revolucionario Institucional (PRI). En fin, decía el filósofo Juger Habermas, las democracias constitucionales deben aspirar a una legitimidad social, y esto es lo que esperan los habitantes que se verán afectados.

El engaño a las víctimas y el boicot

Reprobable ha sido la actuación de los dueños de Gas Express Nieto ante el hecho de responsabilidad con las víctimas de la explosión de una pipa de gas LP en la colonia Cerrito Colorado, hecho que hasta el momento ha causado dos defunciones.

Es lamentable la negligencia de esta empresa al querer deslindarse de la responsabilidad que sobre las víctimas debe de tener. Lo anterior ha llevado a que el propio presidente municipal de Querétaro, Roberto Loyola, exija a los dueños asumir la responsabilidad por los hechos causado. La pregunta obligada, ¿dónde están las autoridades encargadas de hacer cumplir la justicia? Nos referimos directamente a la Procuraduría de Justicia del Estado, en especial a la coordinadora de la agencia de Hechos de Tránsito, María de los Ángeles Torres Delgado, donde fue turnado el hecho.

De acuerdo a las víctimas sobrevivientes, “fueron engañados por las autoridades ministeriales a firmar un documento, que según sus palabras era la demanda correspondiente, pero que a final de cuentas era el perdón que las víctimas otorgaban a la empresa”. Vaya problema que metieron a la Procuraduría.

En este engaño causado a las víctimas hay culpables, y no siempre son los ministerios públicos en quien cae la culpa. Veremos si el asunto se averigua hasta las últimas consecuencias. Claro, lo anterior afecta a la actual administración de José Calzada que ha procurado que la justicia no tenga distingo a la hora de aplicarse.

Por redes sociales se ha hecho ver la indignación ciudadana y llaman a un boicot contra Gas Express Nieto, dejando de comprarle gas a la empresa. De ocurrir, sería un serio mensaje a las empresas que no asumen su responsabilidad social con la ciudadanía y buscan el amparo de autoridades corruptas para evadir su responsabilidad.

Sin duda es cuestionable la conducta de Gas Express Nieto, pero mucho más de las autoridades ministeriales que se prestaron al engaño de las víctimas.

Comentarios