El desfalco de la hacienda pública veracruzana es un escándalo que alcanza el adjetivo de perversidad inaudita. Las fechorías de Duarte, de las que ya se tenía conocimiento, datan del inicio de su gestión. Es altamente probable que sea culpable de todo lo que se le acusa, aunque tendrá que procesarse por la vía judicial para saber si en efecto es culpable y de qué delitos. Desde luego que todo lo que hizo no lo pudo hacer solo y, ahora mismo, la PGR acusa a parte de sus funcionarios y a otras personas que presuntamente fueron cómplices de este gobernador. Hasta ahí todo en “regla”, aunque desde luego resulta inexplicable por qué la fiscalía correspondiente ha tardado tanto en actuar.

Pero hay otros cómplices institucionales, cuya función es impedir lo que ha ocurrido. En primer lugar, la división de Poderes en una República como la nuestra llama a que el Poder Legislativo vigile, entre otras funciones, el trabajo del Poder Ejecutivo. Para eso revisa presupuestos y los aprueba, revisa la cuenta pública y asimismo la aprueba a partir de las recomendaciones del auditor superior del estado, además de contar con diversos instrumentos, como las comparecencias de los funcionarios, las solicitudes de informes y otros más para realizar su función de supervisión y control. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no saltaron algunos de los problemas desde mucho tiempo atrás? ¿Por qué hubo que esperar a que un periodismo de investigación comprometido destapara la cloaca y fuera después imposible evitar la confrontación de una realidad que se gritaba a voces?

Hasta el cansancio se ha dicho: las Legislaturas locales sirven a la voluntad del Ejecutivo en los estados. Tan es verdad, que volvió a suceder en el caso de Veracruz. Si bien los diputados locales pueden estar sujetos a presiones del gobierno del estado (o por mero servilismo político), la realidad es que siguen lealmente los designios del gobernador: no existe una oposición real en el Congreso, independientemente de su composición partidista. Al actuar de esta manera, su función de vigilantes de las acciones del Poder Ejecutivo del estado se ve del todo mermada, pues se vuelven cómplices de las fechorías del gobernador. Fueron incapaces (por incompetencia o por conveniencia política o incluso corrupción) de controlar el desfalco de las finanzas estatales. Le fallaron al pueblo veracruzano y por ello deben ser llamados a cuentas. Estos diputados ya no están. Recién terminaron su periodo y da la impresión de que ni la ley, ni la opinión pública habrán de alcanzarlos. Pero no por ello deben pasar desapercibidos.

Estimados lectores, ustedes disculpen el uso de este espacio, pero aquí está la lista de los diputados de la pasada Legislatura del estado de Veracruz, al menos para que se sepa quiénes fueron esos cómplices activos o inactivos del desfalco de su estado. Probablemente no fueron todos, por lo que me disculpo con quienes se hayan opuesto firmemente ante las aprobaciones de deuda, de la cuenta pública y de otros instrumentos legales que validaron las acciones del gobernador. Es más que necesario que se sepa el nombre de esos diputados que le fallaron a Veracruz y que deben rendir cuentas. Que lo sepan sus familias, sus amigos y conocidos, pues estos legisladores también son responsables: Joaquín R. Guzmán Avilés, A. Cristina Ledezma López, Alejandro Zairick Morante, Carlos G. Fuentes Urrutia, Edgar H. Fernández Bernal, Jorge Vera Hernández, Julen Rementería del Puerto, María del Carmen Pontón Villa, Víctor R. Jiménez Rodríguez, Juan N. Callejas Arroyo, Octavia Ortega Arteaga, Adolfo J. Ramírez Arana, Antonio Baxzi Mata, Carlos E. Hernández Hernández, Ciro G. Félix Porras, David Velasco Chedraui, Edgar Díaz Fuentes, Gabriela Arango Gibb, Gladys Merlín Castro, Gustavo Gudiño Corro, H. Alan Carballo Salazar, Ignacio Enrique Valencia Morales, José Ramón Gutiérrez de Velasco Hoyos, Alfredo Gándara Andrade, Juan Manuel Velázquez Yunes, Leandro R. García Bringas, Marcela Aguilera Landeta, Marco A. Del Ángel Arroyo, María Belén Fernández del Puerto, Mariela Tovar Lorenzo, Minerva Salcedo Baca, Octavio Pérez Garay, Raúl Zarrabal Ferat, Ricardo Ahued Bardahuil, Tonatiuh Pola Estrada, Jesús A. Velázquez Flores, Ana Ma. Condado Escamilla, Juan E. Robles Castellanos, Eduardo Sánchez Macías, Francisco Garduza Mazariegos, Jesús Vázquez González, Juan Cruz Elvira, Mónica Robles Barajas, Francisco Garrido Sánchez, Jacqueline García Hernández, Gerardo Fuentes Flores, Juan R. Chiunti Hernández, Cuauhtémoc Pola Estrada, Domingo Bahena Corbalá y Eladio Del Ángel Zumaya. Y a ellos se agregan estos funcionarios cuya labor es de fiscalización: Ricardo García Guzmán, contralor del estado hasta el 30 noviembre, y el auditor superior del estado, Lorenzo A. Portilla Vásquez, designado en 2012 y quien se mantendrá en su puesto hasta 2019. Imagínese usted.

Exijamos cuentas a estos cómplices de Duarte. Si no se puede por la vía legal, al menos mostremos nuestra reprobación social.

Centro de Estudios Espinosa Yglesias, A.C.

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