Diariamente recibimos información sobre los diálogos de los candidatos con los hombres de negocios. Se ha asignado un papel preponderante en la política de los que llamábamos “poderes fácticos”. Éstos se han convertido en un filtro indispensable para llegar a la primera magistratura. Disiento de esto. A los empresarios hay que tratarlos como lo que son, no como un bloque de poder: su asunto son los negocios.
Me correspondió hacer frente a la presión de los sindicatos que condujo al emplazamiento de 67 mil huelgas en 1973 y 1974. Absurdamente, la vanagloria de los gobiernos neoliberales es que no les haya estallado ni un solo paro de trabajo. Constitucionalmente existen mecanismos abandonados que podrían ponerse en movimiento. Depende del Estado. Los organismos existentes para ello son tripartitas: representan al gobierno, a la cúpula empresarial y a los sindicatos oficialistas. Ellos son cómplices de la pérdida de la capacidad remuneradora del salario, que ha sido conculcada desde 1976. Mi pregunta es: ¿qué hará un presidente progresista en materia de salarios?
En la construcción de la Constitución de la CDMX, celebramos encuentros con cerca de 500 organizaciones sociales. Uno de los colectivos más fructíferos fue el organizado por la secretaria del Trabajo de la ciudad Amalia García, que abarcó la totalidad del mundo laboral: 58% de informales y 42% de formales. Es indispensable implantar reformas legales y políticas públicas que permitan respetar los derechos de todos, incluyendo la seguridad social y pensiones dignas. Lamento no haber escuchado ninguna propuesta de los candidatos a la presidencia en este sentido. Todos hablan de combatir la desigualdad, pero no dicen cómo. Sólo hay dos caminos: el fiscal, que aumentaría recursos para los más necesitados, y el laboral, que cambiaría las reglas para la distribución del ingreso. La propuesta de Meade resulta cavernaria, porque deposita en el Banco de México las decisiones en materia de trabajo. El debate es salarios-inflación. El neoliberalismo considera que el aumento del salario es inflacionario, pero cuando logramos los más altos salarios en la historia del país la inflación no se incrementó. Por el contrario: con Miguel de la Madrid, que denegó las demandas de los trabajadores, la inflación creció.
Existe una relación entre el estado de pobreza y la política de restricción laboral impuesta por el gobierno. Hoy sólo el 21% de la población puede adquirir la canasta básica, ya que el salario base es cinco veces menor al que debería. El poder adquisitivo de los trabajadores ha perdido el 78% en los últimos tres decenios, mientras que el descenso del salario mínimo llega al 82% y la remuneración promedio al 63%.
Proponer la disminución en las diferencias económicas de los mexicanos sin hablar de la elevación de los salarios es una disimulada concesión a los empresarios. La coyuntura actual abre una posibilidad de abordar temas como las negociaciones colectivas democráticas, el abatimiento de los contratos de protección y la tercerización que elimina la responsabilidad patronal, así como un nuevo esquema para la fijación de los salarios mínimos que serían determinados por un organismo autónomo, responsable de medir la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores en cada nivel de salario. Los trabajadores no podrían ser las víctimas de un cambio democrático verdadero, sino sus principales beneficiarios.
