En mensajes de WhatsApp intercambiados en septiembre de 2018 y septiembre de 2019, el entonces fiscal de la SEIDO Noé Rodríguez Cervantes admitió que meses antes de la tragedia de Iguala –y de la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa–, estaba listo el expediente en contra del alcalde José Luis Abarca Velázquez, pero que sus superiores decidieron no consignarlo por razones políticas.

Los mensajes fueron dirigidos al exprocurador de Guerrero Iñaky BlancoCabrera, según consta en la declaración rendida por este último ante la Fiscalía General de la República, FGR, el 1 de octubre de 2019.

“Meses antes del 26 de septiembre (la indagatoria) estaba lista para consignarse”, escribió Rodríguez Cervantes en uno de los mensajes. “Lo que más lamento es la determinación que se tomó de no consignar al presidente municipal de Iguala, argumentando que era un problema político”, se lee en un mensaje enviado el 5 de septiembre de 2019.

Como relaté en la entrega de ayer, según se desprende de la declaración de Blanco Cabrera sobre su actuación antes y después de la noche de Iguala, la procuraduría del estado de Guerrero llevaba meses presentando ante diversas instancias federales –la PGR, la Policía Federal y el Cisen, fundamentalmente–, nombres, apodos, números telefónicos y domicilios de líderes y jefes de sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos.

La información estaba en manos de Eugenio Ímaz, director del Cisen, así como del titular de la SEIDO, Rodrigo Archundia Barrientos, entre otros funcionarios federales
Blanco había entregado, además, información que involucraba al alcalde de Iguala con varios asesinatos, entre ellos, el del activista Arturo HernándezCardona, así como con la operación del grupo criminal Guerreros Unidos.

Cuando el funcionario les preguntó si la PGR ejercería la facultad de atracción, la respuesta fue negativa en todos los casos, pues “en su consideración se trataba de ‘simples homicidios’”.

En abril de 2014 un integrante de Guerreros Unidos, Ernesto Pineda Vega, declaró a la procuraduría estatal que Abarca y su secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, eran miembros del grupo criminal “y utilizaban sicarios o líderes de esa organización para secuestrar, desaparecer y asesinar”.

El mismo sujeto sostuvo que una sobrina de Abarca estaba unida sentimentalmente con uno de los jefes de Guerreros Unidos. Proporcionó los nombres y apodos de varios jefes de sicarios, entre ellos el de Gildardo LópezAstudillo, El Gil (convertido hoy en testigo estrella de la fiscalía), y el de los hermanos Benítez Palacios, conocidos como Los Tilos o Los Peques.

Blanco revela en su deposición que tiempo después, al término de una de las reuniones del Grupo de Coordinación Guerrero, el hoy secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, le mostró las fotografías de dos integrantes de Guerreros Unidos y le dijo que ambos sujetos habían sido comisionados por José Luis Abarca para matarlo. De acuerdo con Blanco, de esto estuvo enterado el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.

Para Blanco Cabrera la noche de Iguala comenzó cuando un médico de guardia reportó al ministerio público el ingreso al hospital Jorge Soberón Acevedo de tres sujetos lesionados. No tardó en enterarse de que había ocurrido “un enfrentamiento o una balacera” en la que estaban involucrados alumnos de la normal rural.

Mientras los normalistas huían o intentaban ponerse a salvo de los policías municipales “que sin razón aparente los atacaron, haciendo incluso uso de armas de fuego”, Blanco ordenó un operativo de búsqueda. Fue posible encontrar a 68 alumnos. El Ejército se negó a facilitar sus instalaciones para resguardarlos y el coordinador estatal de la Policía Federal, José Antonio Cabrera Méndez, arguyó que no contaba con personal para efectuar tareas de contención o resguardo.

Blanco asegura que a partir de lo manifestado por las víctimas se logró establecer la identidad de 22 efectivos municipales del grupo conocido como Los Bélicos que habían tomado parte en el ataque, y que sin embargo, cuando aparecieron “los representantes legales” de las víctimas, Vidulfo Rosales y Manuel Olivares, las instruyeron “para que no declararan, acción que obstaculizó u obstruyó la labor investigadora, al impedir que se aportaran mayores datos… al igual que la identidad de los responsables”.

Según el exprocurador, “la negativa a colaborar se prolongó durante el resto de la investigación, no obstante haber solicitado al licenciado Rosales que nos ayudara en las tareas de sensibilización”.

El 3 de octubre de 2014, dos servidores del ayuntamiento revelaron que el secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, había ordenado esa noche que detuvieran a los estudiantes “en razón de que escucharon cuando dicha persona daba tal instrucción vía radio”.

Al día siguiente, dos de los primeros miembros de Guerreros Unidos fueron detenidos por la procuraduría estatal. Alejandro Macedo Barrera y Marco Antonio Ríos Berber admitieron haber participado directamente en los homicidios: “Fueron consistentes en manifestar que la instrucción de acudir a los sitios donde estaban los normalistas se las había dado Francisco Salgado Valladares (subdirector de la policía de Iguala), en tanto que la instrucción de llevárselos y ultimarlos la recibieron de un sujeto apodado “El Chucky”, relató Blanco.

“Desde mi punto de vista –cierra la declaración rendida por el exfuncionario– está acreditada la autoría material de los delitos cometidos en el caso Ayotzinapa, la cual corresponde a policías municipales de Iguala y Cocula, y muy probablemente de Huitzuco, al igual que a diversos integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos, donde radica la autoría intelectual”.