Un grupo de 72 senadores, del PRI, PAN y Verde “ecologista” ofendió a la mayoría de la población de este país el jueves 26 de octubre, al aprobar en el Pleno, después de la vía fast-track en comisiones unidas, una contrarreforma a los derechos de las audiencias.
Así, sin pudor, vergüenza o un mínimo de compromiso o consideración por sus electores y sus familias, mutilaron y cercenaron derechos de las audiencias que se habían logrado incluir y consolidar gradualmente a partir de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Concretaron una afrenta a la población y lastimaron el objetivo de ir avanzando en la democratización de los medios de comunicación.
Atacaron el derecho a la información y se congraciaron tanto con los concesionarios de medios comerciales (encabezados principalmente por el duopolio), como con quienes lleguen a ser candidatos en 2018 en sus respectivos partidos políticos. Permitieron que durante el proceso electoral 2017-2018 se pueda colar o presentar propaganda a favor o en contra de candidatos, como información disfrazada.
Sí, aunque resulte indignante, increíble y penoso, durante los espacios noticiosos a través del espectro radioeléctrico habrá “información” publicada que será pagada con recurso público (millones de pesos), sin que se aclare que se trata de propaganda a favor de un político, partido o coalición, y el dinero pasará a manos de particulares.
Este grupo de 72 senadores nos regresó al pasado y nos hizo recordar el penoso episodio de marzo-abril de 2006, cuando la mayoría de los entonces senadores del PRI y el PAN —con honrosas excepciones— se arrodillaron a los intereses de Azcárraga Jean y sus socios en Televisa, al aprobar cambios en la todavía existente Ley Federal de Radio y Televisión, que vulneraban a las audiencias.
Los cambios, denominados coloquialmente “Ley Televisa I”, fueron combatidos por un grupo de valientes ciudadanos, estudiantes y académicos que trataron de hacer un cerco al Senado el día que se votaría en el Pleno, ante la incapacidad de los senadores de escuchar las peticiones y advertencias de los especialistas en el tema.
El impresentable Diego Fernández de Cevallos apareció en las pantallas después de que salió caminando y, en lugar de hablar de los perjuicios que traería lo que votó a favor —lo que le valió el aplauso, una vez más, de los poderosos y las élites de este país—, se limitó a indignarse porque estudiantes habían rasgado y roto el saco de su traje al reclamarle y encararlo.
Desde entonces, la clase política y los legisladores federales emanados de ella no han entendido, o no han querido entender, la importancia de empoderar a las audiencias. Nos han dado la espalda una y otra vez, sobre todo en el marco de procesos electorales (como el de jueves 26 de octubre).
La “calentura electoral” volvió a doblegar y arrodillar a los senadores, que respondieron a los intereses de los poderes fácticos y a las órdenes de sus jefes de bancada (PRI y Verde), antes que a nosotros. Del grupo de los senadores del PAN que avaló y votó a favor de la contrarreforma, todos tienen cercanía con o fueron funcionarios públicos durante el sexenio de Calderón.
A partir de mañana y en todo el proceso, no sólo habrá que cobrarle la afrenta en lo individual y electoral a cada uno de los culpables de este retroceso, sino a sus respectivos partidos.
Quien esto escribe sugiere que así como ellos nos mutilaron derechos como audiencias, nosotros no olvidemos esto y les regresemos la afrenta en donde más les duele: en sus carreras políticas y en el desastre electoral de sus partidos o posibles coaliciones.
El país necesita de esfuerzos colectivos y sociales, más que individuales, con miras a la jornada electoral de 2018.
Los 72 senadores y su intento de “regreso al pasado” no nos vencerán.
