Evaluar un gobierno a dos años de iniciar sus tareas, después de una larga historia del régimen autoritario postrevolucionario del PRI, iniciada en 1929 hasta el triunfo de Vicente Fox en 2000. Y, luego de tres sexenios en los que la concentración de poder se radicalizó, alcanzando los niveles más altos de corrupción e impunidad, resulta un tanto desequilibrado. Adicionalmente, se manifestó la pandemia del virus SARS-Cov-2, que provoca la Covid-19, cuya atención exigió la reconversión de un sistema de salud pública debilitado para responder a un problema de consecuencias letales cuando se combina con la diabetes, hipertensión, obesidad y otras comorbilidades. Adversidad que no solo frenó el crecimiento económico del país, sino del mundo entero.
Más allá de este complicado escenario, vale la pena reconocer los avances y las cuentas pendientes del actual gobierno. En 2018, más de 30 millones de ciudadanas y ciudadanos votaron por el cambio. Tres cuestiones motivaron la movilización de la población en favor de Andrés Manuel López Obrador: detener la violencia, revertir la desigualdad y poner un alto a la corrupción.
En lo que respecta a la violencia, los datos son poco alentadores. En los dos primeros años de su mandato, los asesinatos aumentaron 3.8%, el feminicidio subió 8.9% y, la extorsión creció 21%. Estos datos muestran que en materia de pacificación del país, aún no existen logros. En cuanto a la desigualdad, durante el tercer semestre de 2020, el Inegi reportó una disminución de 3.6 millones de personas en la Población Económicamente Activa, impactando de manera directa a las clases más desprotegidas. Sin embargo, no puede soslayarse el incremento al salario mínimo en términos reales y nominales. En el primer año aumentó 16% y en el segundo 20%. Resolución que eleva la calidad de vida de los trabajadores y fortalece la economía y el mercado interno de México. Otros temas determinantes para revertir la desigualdad durante el primer tercio de esta administración, lo constituye la exigencia del gobierno federal al cumplimiento de las obligaciones fiscales de las grandes empresas, la estabilidad cambiaria del peso frente al dólar y la disminución en el precio de las gasolinas.
Un avance fundamental de este gobierno es haber colocado el tema de la corrupción en el debate publico. Pero, no solo eso, la corrupción pasó a ser un delito constitucional. Durante el primer año de gestión fueron incorporadas dos reformas en este terreno. Por primera vez, existe el mayor número de casos en proceso por el delito de corrupción. No obstante, aunque el avance de la publicidad en hechos de corrupción es importante, no sucede lo mismo con su judicialización, cuestión que debe atenderse a la brevedad. Finalmente, el crimen organizado, la inseguridad, la violencia y la desigualdad, no pueden explicarse sin la corrupción. Por ello, incidir en esta materia representa uno de los retos centrales del actual gobierno, si de lo que se trata es de transformar a México.
