Los abogados empresariales, no son enemigos de los trabajadores; quizás lo sean de algunos líderes sindicales, que han aumentado sus fortunas a costa de sus afiliados y de los favores que durante décadas les han otorgado el gobierno federal en turno (Se recomienda leer como un sólo ejemplo, el libro: “Los amos de la mafia sindical” de Francisco Cruz Jiménez. Editorial Planeta Mexicana, 2013), a través del nefasto corporativismo y desde luego a cambio de prebendas económicas y políticas.

Desgraciadamente aun hoy en día, el sindicalismo “oficial” es incondicional al gobierno, sin importar sus siglas, y sus líderes literalmente son intocables, pues de ellos se vale la administración federal y las locales, para lograr sus finalidades, no todas en beneficio de los trabajadores.

Me refiero, entre otros a: Víctor Flores (ferrocarrileros), Joaquín Gamboa Pascoe (CTM), Elba Esther Godillo (maestros y quien a pesar de su circunstancia, domina gran parte de la política nacional a través del SNTE y de su Partido Nueva Alianza); Napoleón Gómez Urrutia; Carlos Romero Deschamps (petroleros); Francisco Hernández Juárez (telefonistas); Víctor Fuentes Del Villar (electricistas) entre otros.

Las reformas del 2012 a la Ley Federal del Trabajo, dejaron fuera la posibilidad de que los trabajadores elijan libre y democráticamente a sus líderes y “olvidó” imponer la obligación legal de que estos rindan cuentas claras del cómo se manejan las cuotas sindicales, mismas que en algunos casos llegan a miles de millones de pesos.

El Derecho Mexicano del Trabajo y con él, la Seguridad Social, desde hace muchos años, viven en la incubadora de la política partidista pero sobre todo en la de la economía. Se ha olvidado el verdadero espíritu del Constituyente de Querétaro al redactar principalmente el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, Constitución que no está por demás y una disculpa por el “coloquialismo” se asemeja a un cuchillo al que le han cambiado 20 veces la hoja y otras tantas el mango. Desde luego no es la misma que la de 1917 y sin dejar de lado que el Derecho evoluciona cada día, no es lo mismo reformar para progresar, que para destruir.

Respecto de las juntas de conciliación y arbitraje, compuestas por representantes de gobierno, trabajadores y patrones, la experiencia dicta que en la mayoría de ellas en la República Mexicana, los dos últimos nombrados, sólo acuden a las juntas a firmar los acuerdos que se supone deben de emitir entre los tres, pero eso sí, cobran puntualmente su estipendio y algunos son ignorantes en Derecho del Trabajo; de nueva cuenta, la reforma dejó pasar una gran oportunidad para desaparecer las juntas, desprenderlas del poder ejecutivo, insertarlas en el judicial y crear Jueces de lo Social, y así dejar de institucionalizar la mentira.

Como decía George Orwell: “Si la libertad significa algo, será sobre todo el derecho a decirle a la gente, aquello que no quiere oír”.

Desde luego amigo lector, usted tiene una mejor opinión.

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