Si bien, muchas de las noticias que circulan en los mensajes de WhatsApp sobre supuestos robos masivos de niños —y que ha llevado a linchamientos en distintas partes del país— son falsas, la realidad de la violencia contra los niños es para quitarle el sueño a cualquiera. De acuerdo con Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), de las 37 mil personas registradas en el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), 6,600 son niñas, niños o adolescentes. Entre 2006 y 2017, once mil niños, niñas y adolescentes fueron asesinados.

Casi todas las formas de violencia se incrmentaron este sexenio. Y a pesar de los malos resultados en este tema, quizás por lo que será recordado el gobierno de Peña Nieto será por la corrupción e impunidad. Escándalo tras escándalo han evidenciado el desfalco del erario público para enriquecer patrimonios particulares (o para financiar ilícitamente campañas electorales) y el uso faccioso de las instituciones de justicia penal. Mientras Peña Nieto nos bombardea de anuncios para convencernos de las bondades de su gobierno, la PGR trabaja a marchas forzadas para cerrar carpetas de investigación abiertas en contra de sus aliados. La muerte, las desapariciones, y el malestar general, les tiene sin cuidado.

El Contrato Social propone que el Estado se crea cuando los miembros de una comunidad deciden renunciar a hacer uso de la fuerza, a cambio de tener una convivencia pacífica y ordenada. Al Estado se le entrega el monopolio de la fuerza a cambio de hacer cumplir dicho contrato. Nos sometemos al Estado a cambio de seguridad y un mínimo de justicia. ¿En qué consiste hoy el contrato social mexicano? Si el Estado no garantiza la mínima seguridad de sus miembros ni el buen uso de los recursos comunes, ¿qué objetivo cumple?

Los recientes linchamientos son un síntoma del colapso del Estado mexicano y de su credibilidad. Estos actos, condenables bajo cualquier escenario, permiten ver cómo ha permeado la violencia en todas las esferas de la sociedad. Pero también permiten advertir la ausencia de un Estado que provea seguridad o justicia. El robo sin freno de lo público, los casos repetidos de impunidad y la implementación de políticas de seguridad basadas en el ejercicio selectivo y arbitrario de la violencia han llevado a la percepción de que el Estado no hace justicia. Cada persona, cada comunidad debe valerse por sí misma, parece decir la turba que lincha. Eso deja el gobierno de Peña Nieto: un país en Estado de naturaleza.