El 17 de febrero de 2017, Ma. Ana Ochoa Castillo fue ilegal e injustamente detenida, desde entonces han transcurrido 2 años 5 meses 8 días, ¡Ella es presa de conciencia!

Se sabe inocente y no claudicará hasta recuperar su libertad. En esta demanda la acompaña su familia y los integrantes de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, en especial del incansable Pablo González Loyola Pérez y de su esposa, Cándida Acosta.

Ese 17 de febrero de 2017, a plena luz del día, cuando estaba por ingresar al domicilio de su madre, la jalonearon; le sorprendió un fuerte golpe en el rostro, sintió miedo, mucho miedo; la bolsa que traía en las manos se cayó y su contenido quedó en el piso como mudo testigo de la agresión. Sin explicación alguna sus agresores la subieron a un vehículo; ni ellos ni el automóvil tenían identificación alguna, ¿Quiénes eran? ¿Qué estaba sucediendo?

Ella vivía en el Ejido de San Nicolás, en el Municipio de Tequisquiapan y desde que era pequeña escuchó a sus mayores referir que el ejido se encontraba en litigio por demandas de la familia Pérez Rojano. San Nicolás tiene una superficie de 2 mil 626 hectáreas legalmente dotadas desde el 11 de febrero de 1935. Sin importar el color del partido que gobierne en el municipio y en el estado, la familia Pérez Rojano ha exigido desde siempre como suyas, las mismas tierras que el General Lázaro Cárdenas reconoció para los ejidatarios.

El 27 de septiembre de 2016, los Pérez Rojano pretendieron perforar un pozo de agua dentro de las tierras ejidales para utilizar el vital líquido en el riego de sus propiedades, los habitantes del lugar se opusieron por lo que los trabajos de perforación quedaron suspendidos. Sin dudarlo un momento María Ana, a quien se le reconoce por sus acciones congruentes con sus principios de honestidad y compromiso y su indudable valentía, se sumó a la resistencia.

El 17 de febrero de hace casi dos años y medio, Ana Ochoa parecía haber sido víctima de un secuestro y por la acción de los agentes que la detuvieron, quienes actuaron fuera de todo protocolo violando sus Derechos Humanos y Constitucionales, lo fue.

El proceso jurídico en su contra se inició por el delito de despojo agravado. ¿Existe razón para esta acusación? La historia nos dice que siendo presidente de la República el General Ávila Camacho; el 31 de agosto de 1948 un acuerdo del “Cuerpo Consultivo Agrario” (órgano asesor agrario del “Presidente”) carente de facultades para modificar las resoluciones presidenciales que son definitivas, revocó la entrega de propiedad y posesión de varios predios argumentando que por alimentar la Presa el Centenario “eran infraestructura hidráulica”.

Ese acuerdo fue una maniobra, pues si realmente hubiera sido considerada zona de la presa, de acuerdo con la Ley Nacional de Aguas, esa tierra hubiera pasado a ser propiedad de la Nación, pero contradiciendo eso, posteriormente hubo una compra simulada entre los integrantes de la propia familia Pérez Rojano.

Los verdaderos dueños de la tierra iniciaron un juicio agrario acudiendo a la nulidad del acuerdo del Cuerpo Consultivo Agrario de 1948, dicho juicio agrario duró 16 años llegando a su fin en 2018, el mismo, termina negando por completo a los Pérez su petición o acción de restitución de las tierras que nunca fueron suyas. Es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio el mismo veredicto.

Es decir, los Pérez demandaban en juicio agrario la entrega de ese predio y lo perdieron. Por lo tanto la demanda de despojo contra Ma. Ana Ochoa no procede porque Ana se encontraba en tierras que siempre fueron del ejido, por lo tanto ANA OCHOA ES INOCENTE POR COMPLETO.

#JusticiaparaAnaOchoa

#QueremosAnaLibreYa

Presidenta de Desarrollo Comunitario para la Transformación Social, A.C.

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