‘#LeyBala’

Arturo Molina Zamora

Con el hashtag #LeyBala se ha suscitado una cascada de críticas en redes sociales contra lo que se ha llamado “Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla”, el motivo del descontento tuitero, principalmente, se debe a distintas razones.

En los últimos días nos han bombardeado con la especulación de que en el estado de Puebla se aprobó una ley que permite el uso de armas de fuego contra las manifestaciones. El gobernador Moreno Valle, así como la legislatura, han sido presa de innumerables calificativos haciendo alusión a figuras autoritarias y fascistas, de represión y censura. Esta ley es producto de la iniciativa enviada al Congreso poblano por parte del Ejecutivo; la misma, según cuentan, se aprobó ipso facto el pasado 19 de mayo, prácticamente una semana después de que llegara la iniciativa.

Al día de hoy desde las redes sociales hasta destacadas plumas periodísticas en el país han reprochado la medida.

Desde el gobernador hasta los 32 diputados del PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza que aprobaron la ley han defendido su voto diciendo que esta ley busca todo lo contrario: vigilar la observancia de los derechos humanos frente a los posibles excesos policiacos.

Las manifestaciones sociales públicas y pacíficas nunca deberán ser reprimidas, y mucho menos con el uso de armas, tal y como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en innumerables documentos. El principio de proporcionalidad debe cumplirse en todo momento.

Una vez que el gobierno del estado de Puebla publique la célebre #LeyBala debemos ser bastante analíticos: debemos tomar muy en serio la dicotomía legalidad-legitimidad, porque es ahí donde se centra la legitimidad de la protesta social, pues cuidado, al amparo de la legalidad, la autoridad cada día ha endurecido sus leyes contra el derecho a la libre manifestación. Si el Estado de Derecho comienza a castiga a modalidades de la libertad de expresión como si fuera un delito común o incluso una mínima falta administrativa se puede estar coqueteando con un legalismo autoritario.

Debemos buscar más allá del análisis jurídico el por qué la autoridad busca apagar las protestas sociales con elementos totalmente desproporcionados como es el uso de armas de fuego. La idea de que no haya disidencia, y que todo acto de autoridad sea aclamado por las masas —como si ello garantizara un verdadero estado fuerte— es una visión monofocal del mundo. Por el contrario debemos celebrar que la inconformidadsea fruto de la diferencia de opiniones propias de la sustancia humana.

La diversidad de ideas viene a devolver a la sociedad la capacidad para entablar acción comunicativa (como diría Habermas), y lograr convertirse en un poder comunicativo entre sujetos y grupos autónomos y ajenos a la autoridad. La manifestación pública de las ideas debe ser un ingrediente en la alta influencia pública y política para la toma de decisiones que afectan a todo el país. Se rescata la opción de actuar en público y recuperar los espacios que de origen son del pueblo.

Lamentaría mucho que resultara cierto el contenido de la #LeyBala, pues se manifestaría la violencia destructora del propio gobierno, y sobretodo resultaría estéril para la permanencia de las instituciones.

 

Director General ArtMol Consultores y Servicios

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