En los últimos días, una de las noticias que acaparó la conversación pública dentro y fuera de nuestras fronteras fue el ataque cibernético que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por un grupo de hackers denominado Guacamaya Leaks. Este ataque sin precedente vulneró los sistemas de la dependencia y extrajo seis terabytes de información confidencial; para darnos una idea, esto equivale a seis millones de horas de audio mp3, o bien, seis millones de fotografías en formato JPG. De ese tamaño ha sido la información confidencial extraída a la Sedena.
Estos hechos pusieron en evidencia la vulnerabilidad de la instancia encargada de nuestra seguridad nacional y, al hacerlo, revelaron también lo vulnerables que somos como individuos en el espectro digital: nuestros correos electrónicos, nuestros perfiles de redes sociales y nuestros dispositivos —computadoras, tabletas o celulares—.
Si bien desde hace algunos años el tema de la ciberseguridad ha estado presente en la agenda nacional —en 2017, por ejemplo, ya contábamos con una Estrategia Digital Nacional que se diseñó con la participación de la Organización de
Estados Americanos (OEA) orientada a mejorar nuestra seguridad en el ciberespacio y obtener un mejor aprovechamiento de las TIC´s en los sectores público, social y privado—, los esfuerzos hasta ahora han sido limitados, por decir lo menos.
Un estudio de la fuerza laboral de ciberseguridad 2021 de la organización “Cybersecurity Ventures” indica que en nuestro país existe una brecha de 260 mil profesionistas en ciberseguridad. Más allá del poco conocimiento que se tiene en estos temas por parte de los sectores gubernamentales y empresariales, no se cuenta con antivirus confiables y actualizados, no existen políticas rígidas sobre el tratamiento de la información, el personal que ocupa la infraestructura de voz y datos no recibe la correcta capacitación y el acervo de información se limita a ir acumulando correos por años y años en las bandejas de los correos oficiales.
Estos y muchos otros factores apuntan a la urgente necesidad que tenemos de fortalecer nuestros marcos jurídicos, tanto nacionales como a nivel local, e incorporar herramientas y mecanismos de protección eficaces. Así lo confirma la instalación de la mesa permanente de trabajo en materia de ciberseguridad, instalada desde el jueves pasado en el Senado de la República; robustecer al Estado mexicano ante futuros hackeos y preparar una Ley Nacional de Ciberseguridad son asunto de alta prioridad. Paralelamente, en el Congreso de la Ciudad de México se presentó recientemente una iniciativa para crear la Ley de Ciberseguridad, propuesta en la que ya trabajan, para su análisis y dictaminación, las comisiones de Seguridad Ciudadana, y de Ciencia, Tecnología e Innovación.
