A exactamente un mes de haberse publicado el decreto oficial que expide la Ley General de Educación Superior (LGES), los órganos correspondientes del Congreso de Puebla convocaron a una sesión de parlamento abierto para “enriquecer la iniciativa” de ley de esta entidad federativa. Esta iniciativa la presentaron el pasado 6 de mayo la diputada Nora Merino del Partido Encuentro Social (PES) y Hugo Alejo Domínguez de Acción Nacional (PAN). Después de los foros con los titulares de las instituciones de educación superior y especialistas, así como de la integración de propuestas, se tiene planeado presentar el proyecto mañana martes 25 para votarla, y en su caso, aprobarla ante el pleno entre el 1 y el 3 de junio.
La agilidad del poder legislativo poblano es digno de resaltarse y puede ser de las primeras entidades federativas que armonicen su legislación local con lo que establece la Ley General. Esto, muy probablemente, sentará un precedente para los otros estados. En este sentido, vale la pena reflexionar sobre dos aspectos.
Primero, si la diversidad de opiniones y propuestas de los universitarios, representantes de organizaciones de la sociedad civil y especialistas de política educativa podrán procesarse en tan poco tiempo. Recordemos que algunos analistas como Roberto Rodríguez (UNAM) han valorado que la Ley General de Educación Superior haya sido “ampliamente deliberada”, lo que en parte explica el consenso entre distintas fracciones legislativas en “época pre-electoral”, aparte de la apertura y disposición de los interesados. El especialista y actor clave en la confección de leyes nacionales también hace un observación importante: la LGES abre – más que restringir – “posibilidades para el desarrollo futuro” del sistema de educación superior (Campus Milenio, 22/04/21).
Estas “posibilidades de desarrollo futuro” constituyen, a mi juicio, una brújula para iniciar el cambio legislativo. Esto es lo segundo que habrá que considerar en la armonización de las leyes locales con la de carácter general. Cada entidad federativa, por sus características, ambiente y gobiernos, ha logrado avances diferenciados en materia de política universitaria. Estos avances – y retrocesos - tendrían que ser claramente identificados y deliberados con el propósito de aprovechar el nuevo marco legislativo. A partir de aquí, se podrían introducir los cambios en la legislación local para mejorar las capacidades institucionales de los sistemas educativos estatales, o incluso crearlas.
Recordemos que algunos estados pese haber registrado, por ejemplo, una explosión de oferta educativa en el sector privado, aún mantienen tasas de cobertura relativamente bajas. Por otro lado, algunas entidades han mantenido más activas sus Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior (Coepes) mientras que en otras la visión de largo plazo es débil o inexistente.
Esta perspectiva de largo plazo no debería perderse ante la incertidumbre de las elecciones intermedias. Parece que fuimos capaces de crear mediante la deliberación una buena ley para regular el complejo sistema de educación superior. Ojalá no echemos por la borda lo construido. La prisa no es buena consejera.
