El jueves pasado la Cámara de Senadores aprobó el dictamen de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como ley contra el lavado de dinero. Lograron uno de los esfuerzos políticos más importantes del Estado mexicano en contra de la delincuencia organizada, particularmente el narcotráfico y sus acciones paralelas o derivadas.

Como estrategia, siempre debió ser el eje principal y preceder a la centrada en el uso de los cuerpos armados, ya que por su trascendencia tendrá —si se aplica debidamente— efectos importantes a corto y mediano plazo contra las mafias que operan en el país, pues con esta ley se afecta el móvil de la delincuencia, su razón de existir y la causa primera de la violencia extrema a la que han recurrido para imponerse a sus rivales y retar a la autoridad: el dinero.

El dinero negro solamente puede ser disfrutado por su dueño cuando lo convierte en capital lícito; ello le permite impunidad, contar con recursos para cometer nuevos delitos afectando la actividad legal de los sistemas financieros nacionales e internacionales, al tiempo que deja una percepción de que el crimen es lucrativo y motiva su imitación.

En 1989 los estados miembros del G7, la Comisión Europea y otros ocho países afines crearon en París el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) para impedir el lavado de dinero; este organismo intergubernamental, de carácter multidisciplinario, define el blanqueo como el proceso para ocultar el origen ilegal de productos de naturaleza criminal y convertirlos en dinero lícito, actividad que se combate con medidas jurídicas, financieras, policiales y de coordinación operativa transnacional.

Desde 1990 elaboró 40 recomendaciones para los países del mundo, que se han convertido en referente básico de aplicación universal de acuerdo con las condiciones particulares y marco legal de cada país, pero con la obligación de aceptar evaluaciones anuales de las 34 naciones y dos organismos regionales que integran el grupo. México es miembro desde 2000; la última evaluación fue en el 2008, cuando recibió observaciones, como la falta de una legislación integral en la materia.

El 26 de agosto del 2010 el presidente de la república envió al Congreso de la Unión la iniciativa de ley para cumplir con los requerimientos del GAFI e implementar medidas para identificar a toda persona que realice actos u operaciones legales que impactan en el sistema financiero y para establecer mecanismos para reportar a las autoridades acciones sospechosas de lavado.

Es importante informarse de esta ley, pues no resultará ajena a muchas personas que de manera cotidiana realizan operaciones identificadas como susceptibles de que la delincuencia las use para transformar dinero mal habido al sistema financiero legal; en esta categoría —porque intervienen en el movimiento de capitales— la comunidad internacional, desde 1999, ha considerado las actividades de abogados, contadores, agentes inmobiliarios, de fideicomisos, contratistas y, en especial, los notarios, como de alto riesgo y necesaria supervisión.

La nueva ley, lograda tras dos años de debate, implica que el Estado mexicano asume medidas de fondo (en 2004 se dieron reformas limitadas a las leyes financieras), de carácter estructural, que impactarán la vida cotidiana de todas las personas que participan en la generación y transmisión de capital, permitiendo detectar el de origen ilícito cuando se pretenda legalizarlo.

Los legisladores ya actuaron, toca al resto de las autoridades su parte en la lucha contra la delincuencia; ahora, sin armas, sin violencia, pero sí con estrategia, aplicando la ley para comenzar a ganar la batalla al crimen organizado.

Coordinador de la Licenciatura en Ciencias de la Seguridad de la UAQ. Ex procurador de Justicia