Diferentes indicios muestran el ejercicio de prácticas legales e ilegales al interior de las instituciones estatales. Un juez exonera a José Antonio Yépez (“El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima) por delitos contra servidores públicos; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emite una resolución ambigua sobre el desafuero de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En respuesta, la Fiscalía General de la República presenta ante la Corte un recurso de reclamación para revisar la decisión de desechar la controversia. El 19 de mayo, el juez de control, Iván Aarón Zeferín, del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, gira una orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas.

Desde hace muchas décadas, el Estado mexicano generó las condiciones para convertir a las instituciones que fueron creadas como un instrumento de derecho, en un mecanismo de discrecionalidad sin ley y al servicio de unos cuantos. Este modelo estatal se estructuró en torno a una economía ilegal que se inserta al terreno de la economía legal, bajo el amparo de leyes y normativas de diversos niveles institucionales de la administración de gobierno.

Dos realidades conviven en este modelo. Una, constituida por todo aquello que está regido bajo la esfera del Estado, por lo que aparece como visible y declarado, comprobable a través de las cuentas de la nación y en las páginas de “Transparencia en gestión pública”. Este universo cuenta con la protección de las fuerzas policiales y militares, instituciones políticas de seguridad pública, sistema judiciario y carcelario que protegen este caudal legítimo.

Seguramente a esto se refiere el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, cuando responde a la declaración del almirante secretario de Marina Rafael Ojeda, que la función de las y los jueces federales es defender los derechos humanos y la Constitución y mantener la autonomía del poder judicial.

Sin embargo, junto a ese mundo legal, se aloja una segunda realidad donde prevalece la economía ilegal en la que el monto de capital y caudal circulante es equivalente o superior a la primera. Y, también cuenta con fuerzas de seguridad propias, lo que equivale a tener corporaciones paraestatales dedicadas a proteger la propiedad de sus “dueños”, cuya riqueza incalculable se produce en el interregno.

Frente a este escenario, surge la pregunta sobre el papel que juegan las instituciones del Estado en el territorio de la economía ilegal, donde concurren jueces, políticos, funcionarios públicos, banqueros y grandes empresarios, personajes pertenecientes a las “buenas familias”, quienes muchas veces también participan en procesos para acceder a puestos de elección popular y ocupar cargos en las instituciones del gobierno.

Cuando se visibiliza esta segunda realidad, la declaración del almirante Ojeda que apunta: “parece ser que el enemigo lo tenemos dentro del poder judicial”, adquiere otro sentido. Con esta afirmación, no está diciendo que el enemigo sea el poder judicial, sino que su estructura está trasminada por grupos de interés que impiden la realización de la justicia.

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