¿Qué pasa cuando algún funcionario no puede vivir de su sueldo? Seguramente deberá generar otro ingreso cuya fuente sea lícita, o no. Recientemente el actor y ahora diputado federal electo Sergio Mayer declaró que la dieta no le serviría para sostener el nivel de vida que lleva. Sin duda es políticamente incorrecto decirle a los ciudadanos que es poco un sueldo mensual de al menos 120 mil pesos, cantidad que contados mexicanos ganan. Sin embargo, Mayer dejó claro, y de manera sincera, que no vivirá de su dieta porque no le alcanza, lo que hace suponer que tiene otros ingresos que le permitirán mantener su estilo de vida. ¿Cuántos otros legisladores y funcionarios no vivirán sólo de su sueldo?, ¿de dónde obtendrán esos ingresos adicionales?, ¿será la base de esa delgada línea que hay entre libertad de trabajo, libertad de asociación, conflicto de interés y corrupción?

La gran expectativa sobre la actual administración es que acabe con la corrupción. La promesa no deja lugar a interpretación o excepciones, en el nuevo gobierno no habrá políticos o funcionarios que incurran en aquellas malas prácticas que han sido comunes en varias administraciones federales, estatales y municipales, incluso en otros poderes; y lo cual tiene harta a la sociedad mexicana, además de haber sido un factor del voto de castigo que resultó en la contundente victoria de Morena. En caso de que alguien optara por hacer algo indebido, deberá, entonces, esperarse un castigo, pues se terminará con la impunidad que completa el círculo maligno.

El gobierno entrante ha planteado que los funcionarios de primer nivel deben tener sueldos más austeros. Así el reto para miles de funcionarios será ajustarse a lo que reciben o encontrar, de plano, otra fuente adicional de ingresos, que las hay lícitas e ilícitas. La tentación de los negocios relacionados con las tareas de gobierno será grande pero se ha dado casi como garantía colateral la palabra del presidente electo de que no habrá corrupción. Así, a quien no le alcance deberá encontrar cómo generar dinero adicional, vía negocios, actividades profesionales, inversiones y otros medios que no rebasen la frontera para dar paso al conflicto de interés y los actos de corrupción de toda índole.

En enero de 2017, la Secretaría de la Función Pública, a cargo de la Maestra Arely Gómez, publicó la Guía para identificar y prevenir conductas que puedan constituir conflicto de interés de los servidores públicos, que detalla que habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público pueden afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo comisión, por lo que en caso de darse la circunstancia el funcionario debe abstenerse de intervenir. También, deja claro que la intervención indebida de funcionarios ante la existencia de conflicto de interés puede ser para beneficiar o afectar alguien, en este último caso si se trata de la competencia.

El documento anteriormente descrito es bastante sencillo y deja claras las líneas que dividen lo que se debe y no se debe hacer, por lo que debiera ser de lectura obligatoria para todo funcionario, electo o designado, sin importar a qué partido pertenezca o si es de los hoy llamados independientes.

Serán pocos los funcionarios que puedan acreditar tener otras fuentes lícitas de ingresos, y será muy evidente cuando los gastos de otros servidores públicos excedan sus ingresos. Trabajar y asociarse para producir es un derecho, pero usar el gobierno como empresa personal debe ser castigado sin excepciones. Los legisladores deberán consolidar un marco legal que proteja al que vive de su trabajo, pero que sea durísimo contra la corrupción. Dicen que ni el dinero ni el amor se pueden ocultar, por lo que debemos celebrar que haya políticos que vivan bien, siempre que se cumpla con la expectativa que tenemos los mexicanos: transparencia y honestidad en un país saqueado y dominado por lo ilegal.