En una decisión jurídica que sorprendió al equipo legal que defiende a Rosario Robles, la semana pasada el juez Jesús Delgadillo Padierna la vinculó a proceso y ordenó enviarla a prisión preventiva que cumple hoy en Santa Martha Acatitla. Hay mucha controversia en la opinión pública con respecto a esta decisión judicial, algunos hablan de excesos en el procedimiento, otros de que es una demostración de que van en serio contra la impunidad, también de venganzas familiares o quienes dicen que son sencillamente consecuencias jurídicas de actos ilícitos que habían sido perdonados por el Presidente Peña Nieto.

En principio se discute si la medida de mandar a prisión a Robles fue excesiva, aunque se contradicen aquellos quienes tanto se quejaban, en otros tiempos, de que teniendo ubicados a presuntos responsables de actos similares, nunca se aseguraron por vías legales de que no se convirtieran en prófugos, como varias veces sucedió. Es cierto que Rosario Robles se presentó ante el juez y como dice, dio la cara, pero el criterio fue que se corría el riesgo de que se sustrajera de la justicia, lo que hoy la tiene tras las rejas, esperando poder revertir la determinación del juez.

El fondo del juicio debe ser, la responsabilidad, o no, de Rosario Robles con respecto a la autoría intelectual y ejecución de la llamada “Estafa Maestra”. Las declaraciones de Juan Manuel Portal, ex Auditor Superior de la Federación, en referencia a que la entonces Secretaria fue advertida dejan poco lugar a duda: “Se lo expliqué todo el tiempo, cada vez que nos veíamos, le seguía argumentando cuando le decía yo que no era procedente la forma en cómo entregaban el dinero, cómo contrataban y cómo desviaban el dinero, y ella me decía, es que por eso contratamos a las universidades, son las más respetadas del país, para que ellas se encargaran de comprarnos las computadoras, comprar artículos de aseo, comprar mugre y media”. A lo que le dijo: “ señora secretaria, las universidades no están para esto”. Contundente.

Hasta ahora, a Robles no se le imputan delitos que la hayan llevado a incrementar su patrimonio personal producto de la “Estafa Maestra”, pero sí, por lo menos, de haberla consentido. É   ticamente se le puede cuestionar que si no hubiera estado de acuerdo con lo que pasaba en su secretaría tuvo siempre la opción que algunos funcionarios recientemente tomaron, por causas completamente distintas, dejar sus altos encargos, como Germán Martínez, extitular del IMSS, o Carlos Urzua, exsecretario de Hacienda, a quienes algo no les gustó y simplemente renunciaron. En el caso de la pasada administración nadie, absolutamente nadie, presentó su renuncia por no estar de acuerdo con lo que se les pudiera haber ordenando, si es que no eran ellos mismos los autores intelectuales, los “genios” como diría José Antonio Meade, quien por cierto recibió la secretaría de manos de Robles.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha afirmado que Rosario Robles no es más que un chivo expiatorio, entonces la averiguación y el juicio deberá contestar las preguntas que me parece los mexicanos, al margen de venganzas o no, queremos saber:

Sí Robles es parte pero no todo entonces habría otros arriba y debajo de ella, ¿Quiénes más participaron? Estos deben ser llamados a juicio.

¿El Presidente Peña Nieto ordenó ejecutar o fue un esquema diseñado por algún o algunos secretarios llevado para el visto bueno de su jefe y si este entonces lo dio? ¿Quiénes encubrieron, sin operar la “Estafa Maestra”, y qué consecuencias jurídicas conlleva esa omisión?

¿Quiénes se beneficiaron personalmente con los recursos? ¿Campañas políticas y/o patrimonios personales? Hoy hay un personaje clave en el gobierno federal experto en ambas materias, Santiago Nieto, quien fue titular de Fepade y hoy de la UIF. Follow the money dirían los clásicos, al final del camino lo que queremos son respuestas, justicia y en su caso, castigo.

Abogado con maestría en Políticas Públicas. @maximilianogp

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