Después de la alternancia presidencial en el año 2000 y la constatación de que nuestros mecanismos para el combate a la desigualdad y la pobreza son todavía perfectibles, se han multiplicado las críticas hacia la democracia. El filósofo italiano Norberto Bobbio, hace más de una década, diagnosticó que se generaría un incremento del gradual descontento a causa de lo que él llamó las promesas incumplidas de la democracia. Con este término, él se refería a todo aquello que la ciudadanía pensó se iba transformar positivamente como consecuencia de la democratización de las instituciones: desde la familia hasta las relaciones amorosas, pasando por los contenidos de los medios de comunicación y la relación de la sociedad civil con el Estado. Para Bobbio, es irónico que el cumplimiento de estas promesas democráticas se observen como resultado espontáneo de la existencia de elecciones libres y confiables, cuando el caso es precisamente lo contrario. Es decir, que todas las promesas no cumplidas de la democracia son resultado de no profundizar la elevación del rendimiento social de nuestras instituciones. Entre estas promesas destaca, por su importancia, el tema de la participación política de las mujeres y la inclusión de las cuestiones relacionadas con el combate de la discriminación por género en las agendas públicas. Si bien tenemos avances superlativos en lo que se refiere a la ratificación de instrumentos internacionales que mandatan a los estados diseñar estrategias para la inclusión de los temas de género y la participación política de las mujeres en los cuerpos políticos de toma de decisiones, lo cierto es que la realidad es distinta. Aunque nuestros partidos políticos cuentan con cuotas para extender la participación de las mujeres en los procesos electorales, todavía ellas son postuladas en los distritos donde tendrán poca probabilidad de éxito o se las sitúa frente a candidatos fuertes. Lo que es más grave: al carecer los partidos políticos de plataformas de género en su interior que sean serias y modernas, ocurre que no se impulsan desde el Poder Legislativo iniciativas de Ley que las protejan de la violencia y la discriminación; o iniciativas legales que las empoderen para la gestión de sus derechos en primera persona. Aunque tenemos buenos motivos para celebrar la inclusión de mujeres muy valiosas en todos los espacios de participación política y toma de decisiones, necesitamos afinar los mecanismos que les permiten ocupar esos lugares, al tiempo que les garantizamos igualdad de condiciones. Es aquí donde debemos ser más proactivos: en la creación de espacios seguros y libres de discriminación para que las mujeres expresen sus puntos de vista en materia de política, ya sea en los cuerpos legislativos o desde la sociedad civil. Adicionalmente, tenemos que exigir a los partidos que incluyan plataformas de género moderno y coherente, que sitúen a nuestro país en el estándar internacional de protección de los derechos de las mujeres. Como ciudadanía, tendríamos que apoyar con nuestro voto a los candidatos, hombres y mujeres, que están a favor de la no discriminación por causas de género; en el mismo sentido, tendríamos que evaluar negativamente y desincentivar a funcionarios y candidatos que abusan de su poder para violar los derechos de las mujeres o manejan expresiones misóginas y contrarias a los derechos humanos de ellas. Cuando una sociedad se permite perder todo el potencial político de sus mujeres, está cometiendo un grave error. No podemos seguir permitiendo que ellas vean coartados sus derechos políticos a causa de la discriminación imperante, ni que se les siga asociando con tareas domésticas o de nula racionalidad política o capacidad deliberativa. En ello, se juega la capacidad de nuestra democracia para conciliarse con la ciudadanía y aquello que Bobbio denominó las promesas incumplidas de la democracia. *Directora del Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación