Durante la semana pasada se llevó a cabo el evento “Las libres”, organizado por la Facultad de Derecho de nuestra máxima de casa de estudios por el doctor Pedro Morales, docente de las Facultades de Derecho y de Contaduría y presidido por el diputado Braulio Guerra. El acontecimiento consistió en la presentación del documental que pone de manifiesto el trabajo de la asociación de mujeres “Las libres” así como la importancia del mismo.
“El problema del aborto no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad”, nos comentaban las militantes de esta organización.
A lo largo del documental expuesto se narran las vivencias de seis mujeres que fueron aprehendidas por haber tenido abortos espontáneos, acusadas y apresadas por el delito de homicidio con el agravante de parentesco, delitos notoriamente diferentes. Cinco de estas mujeres se encontraban en el estado de Guanajuato y otra más en Guerrero, en ambos estados las autoridades cometieron, según se puede ver en el documental, una serie enorme de atropellos y faltas durante los procesos judiciales, mismas que habrían sido suficientes para liberarlas a través de un amparo liso y llano, si se tratara de un conflicto internacional como en el caso de Florence Cassez.
Además de las irregularidades cometidas por las autoridades, los casos presentaban varias similitudes. Todas habían sido denunciadas por trabajadoras sociales (y las autoridades se basaron solamente en ese testimonio), los abogados que les fueron asignados de oficio estuvieron ausentes durante todos sus careos, solo presentándose cuando se dictaba sentencia, al parecer, con la única finalidad de contribuir a la formalidad del acto. Las funcionarias que les fueron asignadas para defenderlas, las atacaron, en uno de los casos de forma particularmente fuerte.
En dos de los casos las personas acusadas no hablaban español, idioma que tuvieron que aprender mientras cumplían con su injusta condena en la cárcel, con el único propósito de sobrevivir. Cabe destacar aquí, que no se les proporcionó un traductor en ninguna de las etapas de su juicio.
A final de cuentas es posible asegurar que el único “delito” de estas personas fue su indefensión, sus carencias económicas, académicas y sus barreras lingüísticas las convirtieron como candidatas idóneas para que miembros del poder judicial de sus Estados las eligieran, para condenarlas arbitrariamente a la cárcel y de esa manera “entregar resultados” sobre sus labores.
Desafortunadamente, estas historias solamente se aúnan a un gran caudal de acontecimientos en donde aquellos encargados de salvaguardar nuestra seguridad se encuentran dentro de los primeros que la menoscaban. Esta organización así como estas historias en particular tienen un enfoque feminista, que es importante y aplaudible, y estos casos deben darnos a todos muestras fehacientes de la situación en la que nos encontramos con respecto al poder judicial en México. Estos son problemas de la sociedad en general.
Muy loable el trabajo académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, al procurar llevar la realidad cotidiana a las aulas, los verdaderos casos que cimbran los cimientos de la sociedad, haciendo participes a las y los jóvenes estudiantes de los retos que hay por alcanzar, vencer viejas prácticas del pasado y ver en el futuro nuevos agentes de cambio, litigantes comprometidos con la legalidad y sensibles a la pluralidad étnica, preocupados por la equidad de género y responsables de lo que la sociedad espera de ellos, un aparato judicial que al repartir justicia no olvide a los desposeídos y que su desempeño se cuantifique por la cantidad de personas que asistan y enseñen, que la justicia es o debería ser, un bien de todos.
Estudiante de la Facultad de Contaduría, UAQ
