Desde las teorías clásicas el objetivo de las instituciones ha sido asegurar el respeto y continuidad de los acuerdos sociales; así nacieron en la época sedentaria del Homo Sapiens, que se vio obligado a organizar de modo permanente la convivencia humana. El maestro de Toulouse, Maurice Hauriou, afirmaba que una institución es una “idea de obra” que dura en el tiempo, por lo que se traduce en la materialización social de un proyecto. La creación del Estado significó la ordenación y regulación de las instituciones, así como su sometimiento a un orden jurídico. Se equivocan quienes consideran conservadora esta tesis. Un marxismo simplista sostiene que son las clases sociales las que organizan y representan a la colectividad; olvidan que el socialismo real implantó un sistema más rígido que el capitalismo.

Desde hace siglos existe un orden mundial determinado por la expansión colonial y por las guerras entre potencias que en la era moderna dieron lugar a la paz de Westfalia, al Congreso de Viena, a los Acuerdos de Versalles y a la Carta de San Francisco. Los distintos períodos de la globalización, a partir del descubrimiento de América, dieron lugar a la transnacionalización de las instituciones, legales o ilegales, públicas o privadas. Los Estados dominantes fueron los principales beneficiarios y se permitieron establecer órdenes coloniales diferentes a los metropolitanos. Las empresas florecieron y extendieron sus dominios, las iglesias por su parte asumieron también un carácter ecuménico, aunque enfrentaron numerosos movimientos cismáticos; se fortalecieron los ejércitos, pero surgieron organizaciones como los piratas y mercenarios.

Según los ideales democráticos, el contrato social pretende crear un paradigma que produzca bienes públicos: legitimidad del gobierno, seguridad e identidad colectiva y bienestar económico y social. Por desgracia la realidad los desmintió a través de la implantación de valores radicalmente distintos. No me refiero sólo a las ocupaciones militares o a las revoluciones, sino también a las transiciones hegemónicas de las que hablara Torcuato Di Tella. Así ha ocurrido en los tiempos del neoliberalismo, que transformó sustancialmente el papel del Estado y la jerarquía de las instituciones. El consenso dictado por las potencias centrales que modificó los parámetros del orden económico a través de la liberalización de los mercados, la desregularización, las privatizaciones, el minimalismo estatal, el recorte del gasto social y la concentración del poder económico en una élite dominante que somete a las instituciones públicas.

Fue así como el conjunto de aquellas dejó de ser el espejo de la sociedad para convertirse en articuladoras de un orden impuesto. Arribamos a una crisis generalizada de la política como consecuencia de un modelo concentrador de la riqueza, multiplicador de las desigualdades y disolvente de la autoridad del Estado. La “democracia de fachada” ha mantenido formalmente las instituciones preexistentes, pero ha privilegiado a unas en detrimento de otras. Por ejemplo: en las Naciones Unidas es implacable la autoridad del FMI y del Banco Mundial, como en la esfera interna lo es la de los bancos centrales y las élites financieras.

Todas las transiciones políticas se apoyan en las instituciones anteriores y es muy largo el camino para demolerlas y reconstruir otras distintas. Recordemos el papel de Adolfo Suárez, representante del antiguo régimen español, que convocó a una nueva constitucionalidad. En el caso mexicano es claro que el orden del Porfiriato mantuvo el culto por las instituciones liberales, aunque las aplastó en la práctica. Igualmente los gobiernos postrevolucionarios fueron abandonando o enterrando los mandatos constitucionales más avanzados hasta desembocar en el Partido Revolucionario Institucional para significar, como decía el clásico, que la Revolución se bajó del caballo.

En el momento actual se avecina un cambio social profundo que sin embargo no puede demoler las instituciones actuales —aunque estén putrefactas— antes de llegar al poder. A éstas corresponde encauzar la transición pacífica. Por ello los llamados a la PGR para que asegure la legalidad en la contienda y el que hacemos al INE y al Trife para que no avalen elecciones corruptas como lo han hecho reiteradamente y asuman en plenitud su papel de gozne histórico de la transición democrática de México.