La semana pasada, en una gira por Tijuana, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que, según sus estimaciones, la Guardia Nacional contará con algo más de 80 mil elementos para finales de año.

Para llegar a ese total, se incorporarían 35 mil elementos de la Policía Militar, 8 mil de la Policía Naval y 18 mil de la Policía Federal. Asimismo, se planea el reclutamiento de 21 mil personas adicionales, alcanzando un estado de fuerza de 82 mil elementos.

Ese cálculo pasa de largo un hecho básico: la Guardia Nacional es, en los términos del decreto recién aprobado, una institución policial de naturaleza civil. Eso significa que, de acuerdo al marco jurídico vigente, todos sus elementos deben de ser sometidos a un proceso de control de confianza.

Ese requerimiento crea un cuello de botella. De arranque, los 43 mil elementos militares que se busca transferir a la Guardia Nacional tendrían que ser evaluados. A eso, habría que añadirle una fracción de los policías federales incorporados a la nueva corporación: si bien esos elementos aprobaron el control de confianza al ingresar a la PF, la ley obliga a una recertificación cada tres años. Con ello, ya sumarían algo menos de 50 mil evaluaciones. Y eso sin considerar la posibilidad de que algunos policías militares, navales y federales sean declarados no aptos en el proceso y deban de ser reemplazados por otros elementos.

Pero el problema principal vendría con los nuevos reclutas. Dependiendo de la corporación, entre 70 y 90% de los aspirantes a ingresar a una policía son declarados no aptos en las evaluaciones de control de confianza. Eso significa que, como mínimo, se requeriría evaluar a unos 70 mil candidatos (y probablemente a muchos más) para reclutar a 21 mil integrantes adicionales de la Guardia Nacional.

En consecuencia, para llegar a 82 mil elementos para fin de año, se requeriría aplicar un mínimo de 120 mil evaluaciones en los próximos ochos meses. Eso equivale a 440 evaluaciones diarias, incluyendo fines de semana y vacaciones. Y eso no incluye el flujo normal de pruebas al personal que ya está en activo.

Los centros de control de confianza de las instituciones federales no tienen ni de cerca capacidad para alcanzar esa meta. En 2017, para dar un parámetro, 9,500 policías federales fueron sometidos a pruebas de control de confianza. Asimismo, los aspirantes a ingresar a la Policía Federal deben esperar un promedio de dos meses para ser citados para su evaluación.

¿Se podría recurrir a los centros de control de confianza de los estados? Tal vez. Pero allí también están topados: en 2017, de acuerdo a datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales, producido por el Inegi, 76 mil policías estatales estaban obligados a pasar pruebas de control de confianza, pero solo fueron evaluados poco menos de 52 mil elementos.

¿Cómo resolver entonces el problema? Pues hay tres alternativas: 1) violar la ley y crear la Guardia Nacional a la brava, sin pasar a sus elementos por control de confianza, 2) modificar la legislación para eliminar o flexibilizar el requisito de control de confianza para los miembros de la Guardia Nacional, incrementando con ello el riesgo de corrupción en el nuevo cuerpo, o 3) resignarse a un crecimiento mucho más lento de la nueva corporación.

No hay entonces buenas alternativas para el gobierno. Espero, sin embargo, que opten por la tercera alternativa: más vale una construcción gradual de una buena policía que el crecimiento explosivo de un cuerpo armado, con controles débiles y pocos filtros.