Tras un año de operar en el filo de la navaja entre la justicia y un sistema legal diseñado para favorecer la impunidad, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, es seguido por la lupa internacional para determinar si el compromiso del gobierno López Obrador contra la corrupción va en serio o se trata de una vacía promesa de campaña.

Nieto enfrenta presiones domésticas, dentro y fuera del gabinete, incluso desde el Congreso, para acotar su desempeño y limitar los alcances de su tarea. Ello, justo en el momento en que la comunidad financiera internacional está llamando a México a profundizar el combate al lavado de dinero, estimado en al menos 50 mil millones de dólares anuales: la sexta parte de todo lo que gastará la administración federal este año.

La expectativa trazada desde el GAFI (la entidad internacional creada en 1989 y que evalúa a 120 agencias similares a la UIF en el mundo) es que la oficina de Nieto disponga de instrumentos más amplios mediante cambios legislativos y de diseño, como ocurre en otras latitudes, según argumentan expertos que propugnan una “UIF híbrida” (http://bit.ly/2SekTdg), capaz de llevar ante la ley a más criminales de cuello blanco.

Algunas piezas han empezado a acomodarse hacia esa dirección. El pasado día 22, la Fiscalía General de la República, encomendada a Alejandro Gertz Manero, fue notificada de una resolución judicial (http://bit.ly/2OGSb2A) que resolvió desechar una demanda penal en contra de Nieto Castillo, al que se acusó de violentar los derechos a la presunción de inocencia y de un juicio justo. El denunciante fue Alejandro Quintero, un controvertido exoperador de la televisora Televisa, sobre el que Nieto declaró que investigaba por su rol en irregularidades financieras para producir la serie “Populismo en América Latina”, difundida durante las pasadas campañas presidenciales.

La juez octava del distrito de amparo en materia penal en la ciudad de México, Luz María Ortega Tlapa, sentenció que “contrario a lo que deduce el amparista (Quintero), el hecho de que (el titular de la UIF) haya publicitado ante los medios de comunicación que presentaría una denuncia en su contra, no implica un acto de molestia (pues) corresponde al Ministerio Público otorgarle la calidad de imputado…”.  En días pasados la FGR dio entrada a una segunda denuncia contra Nieto, de características similares, presentada por Jordi Segarra Tomás, un operador político del PRI, en particular de la facción asentada en el Estado de México.

La referida resolución judicial parece debilitar señalamientos del fiscal Gertz Manero que, como reveló el pasado 9 de enero el presidente López Obrador, “ha protestado (contra Nieto) por considerar afectada su autonomía”. Gertz había dicho, en evidente alusión al titular de la UIF, que “hay integrantes del gobierno federal que no respetan la presunción de inocencia”. El diferendo parece haber sido resuelto por el propio López Obrador cuando dijo que “Nieto no hace nada sin consultar al Presidente…”.

Nieto Castillo cerró su primer año de gestión con 164 denuncias por lavado de dinero, el bloqueo de cuentas por 1,600 millones de pesos y 52 millones de dólares, entre otros activos. Las cifras oficiales demuestran que durante el pasado sexenio la UIF fue una entidad pasiva, a cuyo frente estuvo un personaje cercanísimo a Peña Nieto: Alberto Bazbaz, recientemente señalado como presunto miembro de una red de extorsión sobre empresarios, apoyada por Humberto Castillejos, extitular de la consejería jurídica presidencial, y Alberto Elías Beltrán, exencargado de la PGR.

Pero Nieto no ha podido convencer al Congreso sobre la urgencia de avalar las recomendaciones del GAFI para profundizar el combate al dinero sucio mediante la modificación de leyes como la de Instituciones de Crédito, el Sistema Nacional Anticorrupción y el Código Penal Federal. Cuando planteó el año pasado esas reformas, desde el propio Morena en el Congreso surgieron las mayores resistencias.

Será necesario, sin duda, que el debate se amplíe y que quienes forman filas en favor de la impunidad o de las regresiones inquisitoriales acaben mostrando el rostro y sus argumentos