En el año 2006, el director de cine Florian Henckel regaló al mundo la película alemana La vida de los otros. La historia trata de Gerd Weisler, un diligente oficial de la temida policía secreta alemana, quien noche y día espía al escritor Dreyman y a su pareja, la bella actriz Christa. La película se desarrolla en el Berlín Oriental de principios de los años ochenta, reflejando la minuciosidad de las técnicas de espionaje y la obsesión de un régimen que aún en su agonía se empeñaba en vigilarlo todo.

Con la caída del muro de Berlín, los archivos de la Stasi fueron abiertos al público. Sólo en 1992, más de medio millón de personas se volcaron a los expedientes color sepia para cerrar heridas y reconstruir su pasado. En la película, Dreyman conoce el misterio que rodea la muerte de Christa gracias a la consulta de su abultado expediente.

Este relato viene a cuento porque a finales de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que el Presidente instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal, transferir al Archivo General de la Nación la totalidad de los documentos históricos relacionados con violaciones a derechos humanos, persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y actos de corrupción.

La noticia de la apertura de los llamados “expedientes secretos” del Cisen y de otras instancias de seguridad como la Sedena y la PGR es positiva pero no está exenta de complejidades.

Ante la posible llegada de toneladas de documentos al AGN, su director, Carlos Enrique Ruiz Abreu, recordó que en materia de archivos el rezago es normativo, técnico y presupuestario.

La Ley General de Archivos que entrará en vigor en junio, otorga nuevas atribuciones al AGN. Sin embargo, del presupuesto que se requería para esta nueva etapa, solo se aprobó el 20 por ciento. La ley introduce nuevas obligaciones para todos los entes que reciben recursos públicos, como lo es la conformación de un grupo interdisciplinario para la valoración documental. No queda claro si las nuevas dependencias lo están contemplando. La ley ya considera la apertura —sin restricciones— de los archivos históricos y obliga a que cada entidad federativa armonice su legislación estatal. Hasta ahora solo Zacatecas y Durango lo han hecho. En entidades como Jalisco se han tomado el tema en serio y ante el panorama de los archivos estatales y municipales, se ha planteado la necesidad de incorporar, desde la ley, la profesionalización de la gestión documental y un porcentaje presupuestal.

En su informe anual, la organización Artículo 19 recordó cómo accedemos a información sobre la vida de nosotros. Enlista los factores —aún vigentes— que limitan el acceso a la información y que han coartado, a base de miedo y balas, el ejercicio del derecho a saber. Entre los temas de agenda pública destaca la necesidad de garantizar el resguardo, organización y divulgación de los archivos y en particular de agencias de seguridad. Estos habrían de ser valorados, organizados y abiertos a la ciudadanía cuando se trate de violaciones de derechos humanos e interés público. Se ha propuesto crear una comisión especial para evitar que en el camino al AGN, se pierda o destruya información que puede constituir una garantía de no repetición. Sin esta información poco sabremos de los otros y mucho menos de nosotros mismos. Ante el silencio, ni borrón, ni cuenta nueva.

** Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas