Un artículo en The Wall Street Journal afirmó que en México hay un retroceso en términos del estado de derecho y un manejo autoritario de las decisiones.

Curiosamente, es lo mismo que están diciendo los expertos en distintas áreas y los comentaristas en los medios, lo cual por cierto tanto enoja al presidente y por eso ha convertido a ambos en blanco de sus ataques y descalificaciones.

Sin embargo, hay otros que piensan lo mismo, y que están muy lejos de ser “fifís” y de que el gobierno pueda hacer lo que se propone sin ellos, no solamente porque son grupos de pobladores bien organizados y muy combativos, sino porque se supone, de acuerdo al discurso oficial, que el gobierno trabaja para ellos y enfoca todas sus decisiones en beneficiarlos.

Por ejemplo, los ejidatarios que se oponen a la termoeléctrica de Huexca en Morelos, quienes manifestaron su rechazo al presidente (que por cierto se enojó mucho y los acusó de radicales) y se negaron a participar en la consulta organizada por el gobierno: “No consideramos válida la consulta (…) debido a que no es una consulta informada y dialogada con la población y no cumple con los mandatos propuestos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos indígenas, para que los pueblos afectados otorguen o no su consentimiento para la realización de proyectos de inversión y desarrollo”.

Algo similar están diciendo ahora los habitantes de las zonas en donde se piensa llevar a cabo el proyecto de desarrollo integral del istmo de Tehuantepec, quienes han criticado las consultas a mano alzada diciendo que no cumplen con los lineamientos y acusando que se hacen con acarreados.

También los opositores al tren maya, agrupaciones indígenas de Yucatán para quienes se violentan sus derechos con ese megaproyecto.

Y en donde se va a construir el aeropuerto de Santa Lucía, aunque el gobierno asegura que ya cuenta con el aval de los pobladores conseguido con una consulta a la comunidad indígena de Xaltocan, hay quienes niegan que esa consulta se haya llevado a cabo y que todos estén de acuerdo con el proyecto.

No tengo espacio para más ejemplos, pero los hay. De hecho, no hemos visto un solo caso en que los vecinos de algún lugar estén dispuestos a permitir que se haga nada que cambie sus modos de vida y costumbres.

En la Ciudad de México no se permitió el corredor Chapultepec; en Tepoztlán, Morelos, un proyecto turístico; en Mérida, Yucatán, un puente; Fox no pudo hacer el aeropuerto pues los habitantes de Atenco se levantaron en contra y Peña Nieto no pudo terminar el tren elevado México-Toluca por lo mismo. Siempre hay alguien que se opone: no queremos segundo piso, no al edificio de la procuraduría en este lugar, no al maíz transgénico, al gas natural importado, a la energía eólica.

¿Cómo hacer para tener lo que se requiere? Son necesarios alimentos suficientes para todos, aeropuertos y puertos, carreteras y calles, energía, agua, edificios de oficinas, centros comerciales y sitios para las policías y las cárceles.

¿Cómo hacer para respetar a quienes no quieren esos proyectos y al mismo tiempo poder desarrollarlos porque al país le urgen?

Hasta hoy, los gobiernos han recurrido a dos formas: repartir billetes o imponerse.

Andrés Manuel dice que él no va a hacer ninguna de estas acciones, pero las está haciendo. Según sus funcionarios, en Santa Lucía se negoció para comprar los terrenos, según él mismo, con el transísmico y el tren maya, se hará lo mismo y si no se consigue, de todos modos se van a hacer. Aunque para quedar bien con su propio discurso, diga que solicitará supervisión de la ONU o incluso apoyo del Papa, como si eso resolviera las cosas.

Pero la verdad es que hay que hacer esas obras y hoy, paradójicamente, la democracia, no deja hacer nada.


Escritora e investigadora en la
UNAM

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