Repasemos los hechos. En diciembre de 2015 los venezolanos eligieron constitucionalmente a los diputados de la Asamblea Nacional Bolivariana (AN), que entraron en funciones en enero de 2016. La ciudadanía tomó mayoritariamente la decisión de quitarle la mayoría legislativa al gobierno y, por primera vez desde 2000, las oposiciones superaron al chavismo por dos tercios del parlamento. Desde entonces, Nicolás Maduro y el sector más autoritario del chavismo se han negado a aceptar la autoridad de la AN para evitar que ejerza sus funciones asignadas por la Constitución, no obstante que fue adoptada y refrendada bajo el chavismo. La primera maniobra fue desconocer la legitimidad de la AN haciendo que los parlamentarios salientes, que serían sustituidos por los electos en 2015, crearan un Tribunal Supremo de Justicia que trató de impedir que se instalara, sin lograrlo. La AN ha correspondido desconociendo, a su vez, los dictados de ese Tribunal. Pero la principal maniobra autocrática de Maduro ha sido reelegirse en unos comicios espurios convocados por una “asamblea constituyente” integrada a su conveniencia para “sustituir” a la AN. Luego arreció la persecución y el encarcelamiento de opositores y la supresión de libertades.
Si nos atenemos a hechos y no a mentiras, las posturas a favor o en contra de Maduro y Guaidó han de sostenerse eligiendo entre dos alternativas. La primera es reconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional de la que Juan Guaidó es presidente y la falta de legitimidad del Tribunal Supremo impuesto por el chavismo, así como la ilegalidad de la elección de Maduro en 2018 y, por supuesto, de su actual presidencia. La segunda es la contraria: reconocer como válidas las disposiciones del Tribunal Supremo a partir de 2016, la validez de la asamblea constituyente forzada por Maduro, de las elecciones de mayo y de su nuevo mandato. O se reconoce la elección democrática y a la Asamblea, o se acepta el golpe autocrático de Maduro.
No sabemos cómo van a salir los venezolanos de ese entuerto, ojalá sea pacíficamente y mediante elecciones, pero sí sabemos que mientras la crisis perdure, justificar a Maduro es políticamente injusto y moralmente reprobable.
La democracia es alérgica al encapsulamiento en dogmas autoritarios, vengan de la derecha o de la izquierda. El que lo haga, activa la cuenta regresiva de su propia defenestración. El gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura; es ilegítimo por la simple razón de que violenta el orden constitucional y trata de perpetuarse en contra de la voluntad de los venezolanos apoyado en la fuerza militar, que es lo único que lo sostiene. Los hechos hablan por sí solos. Mal hace nuestro gobierno en soslayar los hechos y dar la espalda a la tradición de apoyo que en su momento México dio a las justas causas democráticas de España, Nicaragua, El Salvador, Chile y de los derechos humanos donde son violados. Cuando la ideología se impone a la razón y a los hechos, sólo queda la ceguera.
