La Corte está en el ojo del huracán y el ave de tempestades es el ministro Pérez Dayán. Luego de la sentencia que propuso para otorgar plenos derechos laborales a las trabajadoras del hogar, para incorporarlas a la seguridad social sin retruécanos, ese ministro y sus colaboradores podrían estar celebrando un momento de gloria. Pero apenas unas horas después, de esa misma oficina vino la suspensión temporal a la Ley Federal de Remuneraciones que ha generado la primera confrontación del sexenio entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
En la sentencia relativa a las trabajadoras del hogar, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un paso histórico a favor de la igualdad. De seguirse sus instrucciones, en un plazo máximo de tres años se habrán incorporado al IMSS todas las personas que asistan a otras en sus labores domésticas: habrá contratos, aguinaldos, guarderías, jubilación y atención médica; uno de los grupos más vulnerados habrá ganado respeto y una base laboral digna para realizar su trabajo sin someterse a las vejaciones que han sufrido a lo largo de toda la historia de México. Una sentencia que merece el mayor reconocimiento.
No obstante, la otra decisión del ministro Pérez Dayán ha sometido a la Corte al escándalo. Se ha dicho que, con ella, el Poder Judicial refrenda su negativa a seguir los principios de austeridad republicana propuestos por el presidente de la República. Una reprobación atizada por las muy duras descalificaciones de Ricardo Monreal, líder de la mayoría de los senadores, quien se fue de bruces solicitando su desaparición; e incluso del mismísimo Andrés Manuel López Obrador quien, con sus palabras, ha colocado a la Corte como enemiga de los mejores intereses del pueblo.
Sin duda, el presidente López Obrador tiene razón cuando dice que es inmoral que alguien gane 600 mil pesos mensuales del erario, en un país como el nuestro; tiene razón cuando pide austeridad en las oficinas públicas; tiene razón cuando reclama que disminuyan los abismos entre los salarios de los burócratas, disminuyendo los ingresos de quienes están en los cargos más altos y aumentando los de quienes están en la base. Coincido totalmente con esos propósitos.
Sin embargo, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que ha desatado esta confrontación —y que fue escrita cuando todavía gobernaba Felipe Calderón— tiene defectos sustantivos de operación y de fondo que, de no corregirse, acabarían produciendo una nueva injusticia para los trabajadores de menores ingresos, pues también para ellos (y no sólo para quienes ganan mucho dinero) se acabarían los vales de despensa, las compensaciones, los bonos o los estímulos por desempeño o antigüedad, por citar solo lo principal, que forman parte de su muy exigua remuneración. La ley no distingue entre ricos y pobres. Todo lo acumulado por años, se perdería también “salvo resolución jurisdiccional” (o sea, en pleito); y nadie podría tener doble jornada, sin caer en alguno de los supuestos que criminalizan el ingreso ganado a pulso. La verdad: esa ley está muy mal hecha.
Compelido por la CNDH y por los senadores de oposición, el ministro Pérez Dayán suspendió la aplicación de la ley para revisar su coherencia con los derechos constitucionales. Es decir, hizo exactamente lo que debía hacer, mientras la Corte se pronuncia en definitiva sobre el contenido de la norma impugnada. Si viviéramos en tiempos menos polarizados, la Corte debería sujetarse a los planes de austeridad exigidos por el presidente de la República y bajar de inmediato sus ofensivos salarios; los responsables de los poderes Ejecutivo y Legislativo tendrían que moderar sus enconos; y nosotros, todos los demás, oponernos a la desinformación. Si de veras queremos que haya Cuarta Transformación, hay que construirla, no dinamitarla.
