El cambio en el Poder Judicial de Querétaro, mediante la jubilación de varios jueces y magistrados, puede representar una oportunidad histórica para que el nuevo gobierno panista lleve a cabo una profunda transformación del órgano judicial. Con toda seguridad pesó la opinión de la ciudadanía en la pasada campaña política quejándose de un sistema de impartición lento, elitista, ineficiente, y muy alejado de los problemática diaria de la gente. Un Poder Judicial que desde los últimos cuatro sexenios prácticamente no ha sufrido cambios sustanciales ni en las personas, ni en los procedimientos, ni menos aún en el fondo de la impartición de justicia. Todavía estamos esperando una democratización de los derechos civiles, políticos y, ni qué decir de la esfera del derecho penal.
Es cierto que el cambio de personas no basta, pero es un inicio prometedor para revitalizar a una institución que es la más débil de todos los poderes. Y esta debilidad se ha visto demostrada cuando los nombramientos de los nuevos magistrados son hasta 2018, es decir, escasamente tendrán tres años para terminar de ejercer el mandato que algunos dejan. Muy poco tiempo para implementar una auténtica reforma judicial, que desde todos los sectores de la sociedad se reclama a las fuerzas políticas. Y este nombramiento precario que reciben los magistrados, que a su vez lo aplican y trasladan a los jueces mediante el Consejo de la Judicatura, vierte esa debilidad en el conjunto del sistema judicial. El pulso y la reflexión de un juez pueden fallar cuando no tiene la certeza de la estabilidad en el cargo.
Pero no sólo la estabilidad en el cargo es esencial para el Poder Judicial, sino también la independencia. Hemos percibido que tenemos un órgano condicionado por las fuerzas políticas y a merced del Ejecutivo, sobre todo en los nuevos nombramientos de magistrados; un Poder que en algunos ámbitos funciona como oficina de desahucios, y de cobro de las corporaciones bancarias y cajas populares; que aparece como socio menor de la Procuraduría sin centralidad institucional en el nuevo procedimiento penal; que deja de lado ámbitos como el de justicia laboral, la arena electoral y la esfera de la administración. Concentrado en dos tipos de controversias, la civil (incluyo aquí la familiar y la mercantil) y la penal, y con una escasa financiación no obstante el crecimiento poblacional de Querétaro.
En efecto, no bastará la experiencia, probidad, inteligencia, y preparación de los nuevos magistrados Leticia Obregón Bracho, Cecilia Pérez Cepeda, Mariela Ponce Villa, Juan Ricardo Jiménez Luna, Alfonso Jiménez Campos y Greco Rosas Méndez: se requiere una transformación institucional que cale en el territorio y en la población; que realmente haga sentir a la ciudanía que algo ha cambiado en Querétaro en los procedimientos judiciales para la adjudicación de los derechos y obligaciones. Que si bien algunos de los nuevos magistrados tienen vínculos partidistas reconocidos ello no es impedimento para honrar los cargos que dejan personas como el doctor Juan Ricardo Jiménez Gómez. De hecho lo que pide la ley como requisito de acceso a los cargos es imparcialidad, en ningún caso neutralidad ideológica o partidista, y en estos tiempos el que haya magistrados con claras convicciones y las declaren es un signo de honestidad y de ética y no de vergüenza personal. De lo que trata es que en las sentencias los prejuicios partidistas no pesen más que la ley y la Constitución.
La asignación del presupuesto del Poder Judicial sigue siendo un elemento de incertidumbre para su independencia, no sólo en los estados sino a nivel nacional. Desde el Constituyente de Filadelfia se sabe que un poder sobre la subsistencia de un hombre equivale a un poder sobre su voluntad. El presupuesto que recibe nuestro Poder Judicial por lo menos debía ser duplicado, y no precisamente para gasto en sueldos y prestaciones de sus miembros, sino para hace frente a la recarga de conflictos que pesan sobre al sistema judicial al no haber sido resueltos en otras arenas del sistema social. Si quienes tienen el poder presupuestario no reconocen la complejidad de la demanda de justicia y los recursos tan escasos que ahora se asignan, cualquier reforma que se emprenda será una mera imaginación con móviles humanitarios, pero sin bases reales, inhabilitando a una judicatura por inanición.
Algo que olvidan con frecuencia los jueces y magistrados es que sus cargos son del Estado mexicano, aunque su función pueda ser dirimir controversias del orden local y sus nombramientos provengan de autoridades estatales. Que tienen encomendada una alta misión no sólo de administrar la legalidad, sino además de controlar la aplicación de convenciones y tratados internacionales de forma concurrente con el control de legalidad y constitucionalidad. Sobre esa convicción debían de empezar para reformar al sistema de justicia en Querétaro.
Abogado
