A dos meses de anunciar oficialmente aumento en la tarifa, de 8.50 a 11 pesos, el gobernador Francisco Domínguez Servién y el Instituto Queretano del Transporte (IQT) siguen sin mostrar el estudio técnico que habría justificado el incremento que afecta a miles de habitantes, y por más “malabares” y piruetas discursivas que hacen, la realidad exhibe que la problemática del transporte no ha sido resuelta en el sexenio de FDS.

La opacidad —no mostrar el estudio técnico que debía ser público— y la incapacidad para solucionar de fondo las problemáticas del transporte público y la movilidad han distinguido a la actual administración: atender el problema pasaba forzosamente por mantener o bajar la tarifa, no subirla, como lo decidió y anunció a finales de 2018, en contra de los intereses de la mayoría de la población.

Sin embargo, valdría la pena aclarar y matizar que en el balance de las acciones y omisiones, la administración estatal puede señalar a su favor la puesta en marcha de las llamadas “rutas nocturnas” y el carril confinado para unidades del transporte en avenidas importantes como Constituyentes.

Pero en las múltiples realidades sociales que vive la población en la calle, no de escritorio, el gobernador y el IQT salen reprobados: el tema del transporte público ha pasado de ser un estandarte o bandera en su campaña electoral, a una incomodidad y un tipo de piedra en el zapato, aunque públicamente no lo reconozcan.

El 18 de diciembre del año pasado, el mandatario anticipó el incremento en la tarifa del transporte, ante la incredulidad y el enojo de miles de usuarios. Sus palabras se convirtieron más en un regalo “de mal gusto” o en una broma adelantada por el Día de los Santos Inocentes.

La población no perdona: ahí está como muestra la rechifla, los reclamos y el abucheo contra el gobernador el domingo 10 en Menchaca, precisamente en relación al tema del transporte público.

Los hechos y el tiempo han evidenciado que el gobernador Domínguez Servién y el instituto no son transparentes ni favorecen el acceso a la información: ¿dónde está el estudio técnico que mencionaron justifica el aumento? ¿por qué no lo dan a conocer públicamente? ¿a qué le temen?

Ya en ese sentido, ¿cuánto recurso público han invertido en los medios de comunicación para hablar y justificar las supuestas bondades o fortalezas de “Qrobús”? ¿Cuánto nos cuesta a los ciudadanos cada que mencionan por el sonido oficial la palabra Qrobús en el estadio Corregidora, durante los partidos de Gallos Blancos, y en los pendones o anuncios al interior? ¿Y si hubieran aplicado ese recurso público en fortalecer el subsidio o acciones para no aumentar la tarifa?

Si de verdad el gobierno estatal y sus autoridades creen o “piensan” que el transporte público es mejor en lo que va del sexenio y que los ciudadanos no nos damos cuenta de sus acuerdos y complicidades con los empresarios, concesionarios y beneficiarios del transporte, ellos están perdidos y se llevarán una sorpresa electoral en 2021, además de posibles manifestaciones y protestas colectivas en calle.

Hay que recordar que el apoyo preferencial a sectores de la población está por terminar en las condiciones que tienen, y por mencionar un ejemplo los estudiantes que no aporten o renueven su credencial, también sufrirán las consecuencias del aumento en la tarifa del transporte.

El servicio no ha mejorado, por más discursos —cuando se animan a hablar del tema—: los usuarios siguen padeciendo que los choferes no los suben en las paradas, esperan más de una hora para poder usar una ruta, más de un conductor se pasa un alto en semáforos del primer cuadro y de la zona metropolitana, incluso frente a las “narices” de inspectores y agentes de movilidad, sin castigo o persecución.

¿Hasta cuándo mostraremos esa pasividad colectiva? Y para el gobierno: ¿dónde está el estudio técnico que justifica el aumento de la tarifa a 11 pesos? ¿Cuándo lo hacen público? Ya se tardaron, han pasado dos meses del anuncio y la opacidad sigue.

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