Un centenar de organizaciones civiles y medio millar de ciudadanos lanzaron el día de hoy un desplegado contra la propuesta de Andrés Manuel López Obrador y su equipo de crear una Guardia Nacional militarizada con rango constitucional.
Se trata de un texto seco, duro, que le recuerda al presidente electo que es muy pronto para olvidar lo que pregonó durante tantos años y tantas campañas: “que las Fuerzas Armadas no debían cumplir funciones de seguridad pública, y que la creciente militarización no había dado ni daría resultados”.
López Obrador presentó la semana pasada su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. Ahí anunció la creación de una fuerza de corte y formación militar, la cual estará integrada por la policía militar, la policía naval y elementos de la Policía Federal.
De inmediato, organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional calificaron la decisión del presidente electo como un error, aún peor: como una amenaza para los derechos humanos. Human Rights Watch alegó que el uso de militares en labores de seguridad pública no solo no ha logrado reducir la violencia en México, sino que “es posible que haya sido un factor clave que contribuyó al drástico aumento en la cantidad de homicidios en estos años”.
A ese llamado se suman ahora las únicas voces posibles: las de la sociedad civil en un panorama dominado políticamente por Morena, y en el que la mayor parte de los partidos atraviesa la crisis más seria de su historia.
El desplegado está firmado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, la Comisión Nacional de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Observatorio Nacional Ciudadano y el Instituto Mexicano para la Competitividad, entre otros.
Lo firman también México Evalúa, México Unido Contra la Delincuencia, la Red de Seguridad Ciudadana y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Entre los firmantes a título personal se encuentran Alejandro Madrazo, Denise Dresser, Catalina Pérez Correa, Jacobo Dayán, Edna Jaime, Elena Azaola y Juan E. Pardinas.
Y también, Elisa Alanís, Luis de la Calle, Maite Azuela, Héctor Aguilar Camín, Mariclaire Acosta, Mario Campos, Lisa Sánchez, María Amparo Casar y María Elena Morera.
López Obrador y su equipo, sostienen los firmantes, optaron “por una militarización como nunca la ha conocido el país en su historia moderna”. Arraigar a las Fuerzas Armadas a funciones policiacas a través del texto constitucional, dicen, representa una afrenta a un régimen republicano y democrático que aspira a consolidar instituciones civiles, así como derechos y garantías.
Según el desplegado, la primacía militar que pretende el nuevo gobierno tendrá consecuencias políticas profundas, romperá el equilibrio entre civiles y militares “que ha prevalecido en México durante las últimas décadas”.
No es este el primer documento que se opone a los cambios propuestos por AMLO y su equipo: hace unos días, la Amedi (Asociación Mexicana de Derecho a la Información) se opuso a que Gobernación vuelva a regular a los medios de comunicación, y sobre todo a que opere estaciones de radio y televisión: según los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión, esta regulación debe estar a cargo de autoridades independientes del poder político, mientras los medios deben estar libres de injerencias políticas.
A lo que AMLO quiere volver, se lee en el desplegado, “es una de las herencias más lamentables de un pasado antidemocrático”.
López Obrador ha revelado varias veces su desconfianza a la sociedad civil. Es esa sociedad la que hoy levanta la voz ante lo que de manera probada es un error: ante la vuelta a un pasado inadmisible.
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