Vaya que el asunto de Héctor González Flores muestra una red de protección desde lo más alto que impide se aplique la ley, aun cuando las pruebas son fehaciente.

Recordemos que Héctor González fue acusado por habitantes de 25 colonias del municipio de Corregidora, junto con Antorcha Campesina del Ayuntamiento, por estar condicionando la distribución de agua, así como por ejercer supuestos actos anticipados de precampaña dado que aspira a la candidatura del PRI a la presidencia municipal de Corregidora.

Al interior de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), el órgano de control interno había encontrado las pruebas suficientes que argumentaban la acusación; sin embargo, Habib Wejebe Moctezuma, vocal ejecutivo de la CEA, ha  intervenido directamente a fin de que sólo se le aperciba.

Para alcanzar tal objetivo puso al Ing. Luigi Altan Gómez como encargado del órgano interno de control de la CEA, en sustitución del contador Pedro Patlán Lona. Asimismo desde la Contraloría del Estado recomendaron a Sergio Briones Gutiérrez como subgerente de procedimientos administrativos y responsabilidades. Ambos responden directamente Habib Wejebe, y han modificado la resolución del cuaderno para tapar los actos de proselitismo de Héctor González Flores.

Es cierto que en todo momento el vocal ejecutivo se ha mantenido al pendiente de las investigaciones a las que está sujeto González Flores, sin embargo, no es cierto que haya sido respetuoso de los resultados que emitió el órgano de control interno, de ahí que hiciera los cambios administrativos a fin de poner personal bajo su control, y por tanto de la resolución que emitiesen.

Ahora habrá que esperar  la resolución del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) que ha iniciado la averiguación en contra del administrador por presuntos actos anticipados de precampaña, claro si es que verdaderamente se quiere aplicar la ley para todos al margen de los colores políticos.

LA DESILUSIÓN DE UN PRIÍSTA

En redes sociales circula un mensaje del priísta Pedro Morales, en la que hace saber su desilusión porque en la administración de José Calzada Rovirosa ha dejado afuera  de los puestos de gobierno a una gran cantidad de militantes, para dar cabida a funcionarios “sin merito” que despedazan la imagen del PRI por el poco compromiso.

Hace notar que las cosas no están bien en el gobierno, apela a un cambio antes de que sea tarde y la ciudadanía se cobre las cuentas en las urnas.

No es algo nuevo lo que relata Pedro Morales. Apenas comenzaba el gobierno de José Calzada, fui testigo de muchos panistas que inmediatamente mandaron sus renuncias al Partido Acción Nacional (PAN) y rápidamente se inscribían en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Es cierto lo que se dice, “no siempre los que participan en campaña son los funcionarios del nuevo gobierno”, y es una lástima, porque este tipo de personajes carecen de un compromiso partidario, que a la postre no se comprometen con el proyecto del gobierno, que es el proyecto del partido ganador. En fin, como dice el dicho: “para el hueso no hay partido político”.

MARTIN SILVA VAZQUEZ Y SUS ENGAÑOS AL SENADO

En el directorio de personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aparece el nombre de Martín Silva Vázquez como funcionario del Tribunal Federal, en el cargo de  director de área  en la Coordinación de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta, oficina adscrita a la Presidencia del Tribunal con sede en la ciudad de México.

Lo que llama la atención es que Martín Silva declaró bajo protesta de decir verdad ante el Senado, que ha radicado en Querétaro durante el último año, pues postula para Magistrado Electoral en Querétaro. De acuerdo a la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 115.1.e se exige que para ocupar el cargo de magistrado se debe haber radicado en la entidad donde radique el Tribunal, por lo menos durante el año previo a su designación, requisito  que no cumple el aspirante.

La situación anterior es muy delicada  a no ser que Martín Silva Vázquez tenga un homónimo, y bastaría con aclarar tal situación; de lo contrario podría seguírsele  un proceso penal, por declarar con falsedad ante autoridad competente.