Está en formación un nuevo gobierno y, quizá, otro régimen político. La contundencia del triunfo electoral y la necesidad de habitar el espacio público han llevado a Andrés Manuel López Obrador a poner en marcha una nueva República.

Las primeras propuestas y reuniones generan la impresión de que ya estamos frente a un gobierno en operación. Así se ha manejado el mundo informativo: lo importante es lo que pasa en las oficinas de la colonia Roma; la nota la da diariamente AMLO. El interés de lo que sucede en Los Pinos ha bajado a niveles mínimos. El objetivo fundamental de estas semanas y meses es anunciar los instrumentos, formar los equipos, diseñar las políticas y, sobre todo, mantener la expectativa de que las promesas de campaña serán realidad. Si la primera semana fue para abrazos con los adversarios, ahora llegan las propuestas de reforma con una lógica transversal: terminar con los privilegios e instalar la República de la Austeridad.

El reacomodo de intereses, para que sea creíble, tiene que empezar por arreglar la casa. Cuando en campaña le preguntaban a AMLO de dónde obtendría los recursos para reorientar el gobierno hacia un paradigma redistributivo, afirmaba que de los recortes a los privilegios y a la corrupción. Esta respuesta generaba dudas porque las cifras parecían forzadas. Once días después de la elección, el plan empezó a tener forma en una docena de propuestas de cambio que serían enviadas al Congreso de la Unión. Los nudos de esas propuestas proponen, primero, un gobierno austero en el que se terminarán los altos sueldos, bonos especiales, seguros privados y todo lo que muchas administraciones han logrado conseguir. Se quiere hacer realidad que ningún funcionario gane más que el presidente de la República. Se anuncia una reestructuración de todo el aparato administrativo que fusionará áreas, cancelará subsecretarías y suprimirá delegaciones en los estados. Se presentó, además, un listado con 50 medidas de austeridad.

En segundo lugar, una parte complementaria es terminar con el fuero para que el presidente pueda ser juzgado por delitos electorales y por corrupción, para lo cual se propone modificar el Artículo 108 de la Constitución. También se quiere elevar a delito grave (sin libertad bajo fianza) asuntos que preocupan mucho: corrupción, tráfico de influencias, fraude electoral, robo de combustible. Delitos que usurpan importantes recursos públicos.

En tercer sitio se pretende un reacomodo de la administración, volver a tener una Secretaría de Seguridad Pública y encuadrar al Estado Mayor Presidencial dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. En cuarto lugar se ubican las propuestas para empezar a cambiar reformas y decretos, como las leyes de la reforma educativa y las reglas de privatización del agua. En materia educativa, garantizar el derecho a la educación en todos los niveles; se anuncia que se crearán cien universidades públicas. Una estrategia transversal será revertir la privatización en distintas áreas. Por último, se anuncian propuestas para legislar figuras de una democracia participativa, como la revocación de mandato y las consultas populares. Esperemos que estos instrumentos participativos no generen más ruido que ventajas, porque un uso irresponsable puede ser caótico (que les pregunten a los ingleses con su Brexit).

En estos días hubo dos reuniones importantes de AMLO: una con los gobernadores, a los que les anunció que austeridad y transparencia serán las nuevas reglas del juego, y la otra con el equipo de Trump, a quienes les hizo propuestas sobre comercio, seguridad y migración.

La República de la Austeridad va a generar un fuerte reacomodo y mucha incomodidad. Veremos qué sucede…