Una frase atribuida al célebre matemático griego Pitágoras: “educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres”, parece condensar, desde hace siglos, la enorme relevancia de la educación en la formación de personas comprometidas con la justicia y el bien común.

La teoría de los Derechos Humanos ha destacado el papel que posee el derecho a la educación para potenciar el ejercicio y disfrute de los demás derechos, tanto en el plano civil, como en los planos político, económico, social y cultural. Al formar a las personas y dotarlas de autonomía y responsabilidad, la educación nos habilita como miembros de una comunidad y, al mismo tiempo, nos brinda mejores oportunidades para el goce de prerrogativas y el acceso a bienes sociales.

La influencia de la educación en la construcción de sociedades más justas y desarrolladas es determinante. Como lo han señalado algunas interpretaciones jurídicas, además de una vertiente subjetiva ―en tanto derecho individual―, el derecho a la educación reviste una dimensión social, ya que el funcionamiento de una sociedad democrática requiere de la existencia de personas educadas.

A pesar de que el orden jurídico mexicano ya concebía a la enseñanza elemental como libre, gratuita y obligatoria ―en virtud de la Ley de Instrucción Pública de 1867 y la Ley Reglamentaria de Instrucción de 1891―, la escasa penetración de la educación en la sociedad mexicana era patente. ¿Cómo esperar que una sociedad en rezago y con bajísimos niveles educativos ejerciera plenamente sus derechos civiles y políticos? Como respuesta, la Constitución de 1917 ratificó el carácter libre, laico y gratuito de la educación pública en México.

Desde entonces, y más claramente con la reforma en materia de Derechos Humanos, el derecho a la educación ha sido progresivo.

Con el objetivo de mejorar los procesos educativos y el aprendizaje, la más reciente reforma educativa incluyó una nueva obligación para el Estado: garantizar el derecho de los alumnos a recibir un servicio educativo de calidad impartido por docentes calificados.

Por tratarse de una política de Estado con implicaciones sociales, el derecho a la educación debe ampliarse para garantizar su calidad y cerrar brechas de desigualdad entre la sociedad y para fortalecer la formación y actualización de los docentes. No debe olvidarse que el objetivo de la educación no sólo es el desarrollo de las capacidades individuales, también el fomento de los derechos humanos y los valores democráticos. Sólo una sociedad educada podrá estar comprometida con la justicia y el bien común.