En estos días se estará discutiendo en el Congreso de la Unión la llamada “contra-reforma energética”. Se trata de una iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, con la que, en esencia, busca recuperar y mantener el monopolio del sector eléctrico en el país.

La reforma plantea varios cambios en el sector energético, especialmente en lo relativo a la generación, distribución y almacenaje de energía eléctrica. La finalidad es clara, devolver el control absoluto y mayoritario del tema a la Comisión Federal de Electricidad.

Esta cuestión es un punto de inflexión en comparación con la reforma, en ese entonces, impulsada desde el gobierno del ex presidente Peña Nieto, que tuvo por efecto principal, abrir el mercado de los energéticos a la inversión privada, especialmente lo relativo a la generación, distribución y almacenaje de la energía eléctrica. Reforma que por cierto se dio en el marco del llamado “Pacto por México” y que fue parte del paquete de reformas estructurales que tanto se habían señalado como necesarias para impulsar a México en el contexto internacional.

El tema por sí mismo es complejo, por lo técnico y amplio del tema, en todo lo que implica, lo que demanda hacer un análisis minucioso y detenido. Aquí no hay lugar a juicios exprés o decisiones prematuras, porque lo que está en juego son cuestiones trascendentales para nuestro país.

En ese contexto, es injustificada la crítica que se le ha hecho al grupo parlamentario del Revolucionario Institucional, en el sentido que ha tardado en fijar postura. Mientras que otras fuerzas políticas ya tienen definido su voto, el PRI ha optado por discutir el tema con serenidad y reflexión.

Dejarse llevar, en temas tan delicados como este, por la inercia de las posturas o grupos, es poco serio. Cada legislador tiene la libertad de discutir, reflexionar y analizar los beneficios o desventajas de su votación, así como los efectos que traerá en la realidad. Eso es lo que debe trascender en el debate, no si habrá posturas encontradas o división.

Es importante acentuar la discusión en los efectos que traerá la reforma, tanto en lo jurídico como en lo económico. Tan sólo están las indemnizaciones que el gobierno federal tendrá que cubrir a los inversionistas, por la cancelación de contratos o acuerdos celebrados en el marco legal hasta ahora vigente.

Por otro lado, está la incursión de capitales privados en una de las áreas estratégicas del Estado, base por cierto, de gran parte de la recaudación del gobierno federal y que, de mantenerse la Constitución en los términos actuales, permitirá mayor participación de inversiones en este importante sector de la economía.

Luego entonces, no debe haber juicios aventurados o impulsados por el momento, sino que en este caso, es importante la reflexión y el análisis.

De esta manera, la reforma en cuestión traerá un debate intenso e interesante, tanto al interior del Congreso como en la opinión pública.

Sin embargo, más allá de la postura que cada legislador o grupo asuma, lo trascendente será, siempre, ponderar el interés nacional y el bienestar de la población.

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