La reforma educativa de Enrique Peña Nieto ha sido criticada desde su aprobación por considerar que además de violentar los derechos laborales del magisterio, es el primer paso hacia la privatización de la educación. Diversas voces han señalado al grupo de empresarios pertenecientes a Mexicanos Primero estar detrás de estos cambios al marco legal, quienes han demandado el despliegue de la fuerza pública para imponer los cambios a los artículos 3° y 73 de la Constitución. En sí, es una contradicción imponer una “reforma educativa”, donde la militarización de ésta tiene como origen un punto más allá del carácter represor de quien hoy está en Los Pinos. La violencia que ha generado el Estado en torno a la imposición de esta reforma tiene una explicación de fondo, donde los empresarios (agrupados en el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios) tienen una participación importante. La intervención de los “hombres del poder” en esta reforma educativa ha quedado evidenciada, por lo que ya no puede ser tomada como una simple especulación, debido a que las reuniones de Aurelio Nuño con los empresarios validan lo antes expuesto y dejan claro que detrás de la reforma hay intereses privados. Es el grupo reducido y selecto de los grandes ricos de este país, el que ha tomado la decisión de impulsar este tipo de reformas y están decididos a llevarlas a cabo por todas las vías posibles, como es la imposición. La reforma educativa en el fondo es una reforma laboral y se une a los cambios en el rubro que el gobierno impuso a través del Pacto por México.
En este momento, el gobierno deja al descubierto su carácter autoritario con el uso de la fuerza y la militarización para imponer la reforma. Así lo deja claro el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien advirtió que no habrá marcha atrás a la reforma educativa ni se permitirá que la disidencia magisterial genere conflictos o enfrentamientos, por lo que aplicará mano firme. Y por otra parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hacen alianza, al reconocer a los docentes que con “disposición, voluntad, compromiso y lealtad le cumplen a México todos los días desde las aulas”. El momento es revelador, en la ceremonia de Día del Maestro, encabezada por el secretario de la Sedena, general Salvador Cienfuegos Zepeda y el presidente del SNTE, Juan Díaz de la Torre, en un centro militar, donde el Ejército reconoce al SNTE por su labor en favor de la educación pública y otorga reconocimientos a profesores que obtuvieron resultados destacados en la evaluación docente. Díaz de la Torre corresponde el gesto señalando que, al igual que las Fuerzas Armadas, los maestros son el ejército civil de México, dan la pelea por la educación.
En otro frente, la actuación de Aurelio Nuño Mayer en la SEP denota un perfil rígido e incluso represivo que no puede contribuir en nada para el avance en término de libertades, promoviendo la acción penal contra la disidencia. Hace un par de días, la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo de un juez federal órdenes de aprehensión en contra de Rubén Núñez Ginez, secretario general de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y contra Francisco Villalobos Ricárdez, secretario general del gremio, cuyos nombres aparecen en la lista de 24 mandatos judiciales pendientes por ejecutar en contra de integrantes del magisterio disidente de Oaxaca.
Para los profesores integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, la militarización de la reforma educativa es una declaración de guerra. No es cosa extraña si se toma en cuenta que el gobierno utiliza la fuerza para lograr imponer medidas contrarias a los intereses de la sociedad. El envío de la fuerza pública federal a los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Veracruz, además del trabajo de represión mutuo, propio por los gobernadores de los demás estados para imponer la evaluación docente, es un acto de provocación y síntoma de la descomposición que ha llevado la decepcionante presidencia de Peña Nieto.
La presencia excesiva de más de 10 mil elementos policiacos para resguardar la evaluación, conlleva a que la política pierda y gane el autoritarismo. No privilegiar el diálogo y el entendimiento para convencer de la importancia de esta reforma y aplicar estas acciones, son muestra palpable del claro fracaso de la reforma educativa y las formas constitucionales que debe asumir todo gobierno, por lo que no se puede augurar nada bueno. Se optó por imponer la fuerza y no la razón.
Esto va a quedar en la historia del país como una etapa de sojuzgamiento, de presión y de autoritarismo.
Ex director del Cedart. Consejero electoral del INE.
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