La reforma del transporte público en Querétaro

Arnulfo Moya Vargas

El día 1 de octubre, en el Teatro de la República Francisco Domínguez asumió el compromiso de la derogación inmediata del sistema Red Q. A casi un mes todavía esperamos medidas concretas en torno al cumplimiento de dicha promesa de investidura. Una de las medidas inmediatas a las que se comprometió en la toma de posesión fue la derogación de un sistema de transporte ineficiente, costoso, opaco y que lesiona a diario la economía de las familias. Todos esperábamos que en torno a Red Q hubiera una respuesta inmediata del nuevo gobierno al alza del precio del boleto, que no tenía ni tiene ninguna justificación, y que era un tema que debía atenderse de inmediato, sin que hasta ahora se sepa qué ha pasado con la promesa derogadora de Red Q.

Sé que un gobernador no puede emitir decretos arbitrarios, ni menos ordenar a la legislatura del estado que legisle en menos de un mes sobre el asunto del sistema Red Q. Pero sí podía haber enviado por lo menos la iniciativa legislativa de derogación del sistema; sí podía exponer públicamente los números que justifiquen la sustitución del actual transporte público; podía y puede revisar la legalidad del incremento del transporte sin necesidad de que los grupos privados vayan a los tribunales a litigar la reducción del alza de las tarifas. Un avance de este gobierno, por ejemplo sería transparentar: a) el monto de financiamiento público que recibe el sistema de transporte público; b) cómo se reparte cada peso obtenido por el uso del transporte; c) cuál es el número de títulos de concesión, y en su caso cuántos asumió para sí el sistema Red Q; d) el número de usuarios, las rutas y horarios; e) si funcionó o no algún sistema de subvención para grupos como estudiantes, adultos mayores entre otros; f) si hay bases para explorar la reducción del precio del pasaje. Estos y otros temas no requieren reformas legislativas ni menos aún una inversión directa, sino la voluntad de reformar una zona oscura de la gestión pública que fue ampliamente cuestionada por la gente al anterior gobierno.

Cierto, no se puede anular un sistema de transporte público sin ofrecer uno que le sustituya. Tampoco se puede dejar de lado a los gobiernos municipales de la zona conurbada de la ciudad de Querétaro. Pero precisamente ya era hora de que las autoridades de El Marqués, San Juan, Corregidora y Querétaro expusieran si es que tienen una idea o un proyecto de cómo insertar la solución al tema del transporte en sus municipalidades en una solución global del transporte en el estado. Es decir, no es sólo un asunto del gobernador, también el Congreso, y los ayuntamientos tienen responsabilidad en este asunto (artículos 18 y 19 de le Ley de Movilidad y Trasporte del Estado de Querétaro).

Es cierto que el compromiso de anular el sistema Red Q fue del orden político, y se puede argumentar que todavía le quedan cinco meses al gobierno para dar a conocer el Plan Estatal de Transporte como lo mandata la Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro, (artículos 6 y 14) pero si ese es el caso, entonces se hubiera aclarado en el discurso de investidura y no generar la ilusión en miles de personas de que habría una reforma inmediata.

El problema que se planteó resolver el gobernador tampoco es sencillo. Ataca demasiados intereses particulares; toca un ángulo político que involucra a los gremios de transportistas y a trabajadores de base a los que no se les puede convencer en treinta días; afectará a una de las cuerdas más sensibles de la gente que a diario debe usar el transporte público; se hace en un contexto de limitaciones presupuestales cuyo costo fiscal de la reforma todavía no se dimensiona.

Sin embargo nunca debe perderse de vista que como lo define la propia ley ya invocada la movilidad, la circulación de personas y bienes en un espacio geográfico territorial es necesaria para asegurar la subsistencia de cualquier comunidad humana moderna, (artículo 1o); y que además se considera de utilidad pública e interés general la prestación del servicio público y especializado de transporte siendo prioritarias las actividades del estado en esta materia.

Este gobierno tiene una gran oportunidad para demostrar que puede hacer que prevalezca el interés general sobre el particular como ilícitamente ha venido ocurriendo; puede demostrar que como lo mandata la Ley de Movilidad (artículo 5) no están reñidas, ni deben estarlo la calidad, accesibilidad, seguridad, regularidad, rentabilidad, sustentabilidad, cobertura y eficiencia. Que es tiempo de que Querétaro transite a un modelo de transporte que armonice competitividad en la prestación del servicio con precios adecuados en un marco de desarrollo urbano sin sacrificar el medio ambiente. Un servicio disponible a todos “evitando cualquier clase de discriminación y atendiendo a las necesidades y circunstancias particulares de personas con discapacidad y grupos vulnerables.” Más o menos algo así fue lo que se invocó por el gobernador, y es lo que todos esperamos.

 

Abogado

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