La precarización del trabajo

Diego Prieto H.

A la memoria del historiador social británico Eric Hobsbawm.

En estos días el Senado de la república deberá pronunciarse sobre las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, presentadas como iniciativa preferente por el titular del Ejecutivo, Felipe Calderón, y recién aprobadas en la Cámara de Diputados, una vez que fueron convenientemente arregladas para satisfacer el interés de las burocracias sindicales charras, que no aceptaban que se afectaran sus privilegios y sus cotos de poder, corrupción e impunidad, a cambio de lo cual admitieron que se disminuyeran y revirtieran derechos, conquistas y prestaciones que favorecían a los trabajadores. A menos que suceda algo extraordinario, es de esperarse que dicha contrarreforma sea aprobada en el Senado, consumando una ofensiva contra el trabajo asalariado iniciada en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Sin duda la legislación laboral debe adecuarse a las nuevas condiciones del país y de su desarrollo; pero ésta no es una verdadera reforma estructural que atienda al propósito planteado en Querétaro por el Constituyente de 1917, en el sentido de “conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital”, puesto que mantiene los vicios y limitaciones del modelo laboral vigente, sustentado en el corporativismo y la corrupción de las juntas de conciliación y arbitraje, dejando, por otra parte, desprotegido al trabajador.

Se dice que esta legislación favorece el incremento del empleo, cuando lo que procura es la precarización o empobrecimiento del trabajo existente, propiciando mayor pobreza, desigualdad y confrontación social. Los componentes de flexibilización laboral que plantea la iniciativa, tales como el trabajo por horas, el contrato a prueba, o para capacitación sólo serían pertinentes si estuviesen acompañados de medidas efectivas de regulación y compensación, una de las cuales sería precisamente el seguro al desempleo, para evitar que las familias trabajadoras lleguen a quedarse sin un ingreso mínimo, medida que Peña Nieto prometió en campaña el 28 de abril, en Ciudad Neza, sin que se haya vuelto a mencionar por los legisladores priístas.

Figuras como la subcontratación indiscriminada, outsourcing, facilitan a los patrones la posibilidad de escamotear los derechos y prestaciones del trabajador. A ello hay que agregar la reducción a un año, como máximo, en el pago de salarios caídos, en caso de litigios individuales o colectivos, lo que favorecerá la tardanza en el trámite de los juicios, obligando al trabajador a aceptar indemnizaciones reducidas o a esperar indefinidamente, sin riesgo para el patrón.

Así, a cambio de unas cuantas disposiciones rescatables, como las que se refieren a las trabajadoras domésticas y a los discapacitados, tenemos una iniciativa que conjuga lo peor de las propuestas del PAN y el PRI. Por un lado, flexibilización sin cortapisas ni regulaciones ni contrapesos desde la perspectiva del trabajador. Por el otro, ningún avance en el terreno de la democracia sindical, la rendición de cuentas, la elección de dirigencias por voto universal y secreto, y la supresión de los controles gubernamentales mediante las tomas de nota de las directivas. Ello incluye la preservación de los contratos colectivos de protección patronal, con lo que los propios empresarios pueden verse lesionados, pues al cerrase las vías legales para el ejercicio de su libertad de asociación, los trabajadores no tendrán más camino que la acción directa, contraria a las relaciones abiertas y formales que operan en los países altamente industrializados. Mal andamos cuando, para crecer, tenemos que sacrificar lo más valioso que tiene un país: el empeño y la creatividad de sus trabajadores.

Antropólogo

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