Para entender las fases históricas de la planeación del desarrollo en México, es conveniente situarlas en el contexto más amplio y diverso de los modelos de planeación a nivel internacional.
Como en otros campos, los modelos de planeación aplicados en los países desarrollados anteceden y perfilan las características de los modelos adoptados por los países en vías de desarrollo. Así sucedió con la llamada Nueva Gestión Pública (New Public Management, NPM por sus siglas en inglés), que comenzó a aplicarse desde finales de la década de 1970 en los países miembros de la OCDE.
La Nueva Gestión Pública proponía introducir reformas para hacer más eficiente la administración estatal. En el momento de su surgimiento, el contexto internacional estaba marcado por crisis económicas y políticas, provocadas por la erosión del modelo del Estado omímodo, que funcionaba a la vez como planificador, ejecutor, regulador y empresario, vigente en las décadas anteriores.
En 1989, el cambio de paradigma se hace evidente en la reunión de la que emanó el llamado Consenso de Washington. Líderes y funcionarios de muchos países se reunieron con representantes del BM, el BID y el comité de la Reserva Federal de EUA, para discutir políticas de ajuste estructural: disciplina fiscal, planeación eficiente, privatizaciones, desregulación, liberación de los mercados, entre otras.
Después de los años ochenta, la consigna era ‘sustituir Estado por mercado’. Países como Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido implementan con éxito las reformas de la Nueva Gestión Pública, y su alcance se vuelve global.
México no es ajeno a este cambio de paradigma. En nuestra historia reciente, las privatizaciones y la liberación de los mercados nos remiten inequívocamente al sexenio de Carlos Salinas. Las causas de las reformas emprendidas en ese periodo se entienden mucho mejor si nos asomamos al contexto internacional.
México, como muchos países de América Latina, implementó las reformas asociadas a la Nueva Gestión Pública a su modo y a su ritmo. Es bien sabido que la tradición histórica de un Estado patrimonialista y clientelar, impide la aplicación estrictamente racional de modelos económicos y políticos en América. Tampoco contribuye a ello la existencia innegable de una maquinaria informal, contaminada de corrupción, que corre paralela a la vida institucional. En México y en muchos países, una cosa es lo que prescriben las leyes y otra, muy distinta, lo que se hace en la realidad.
Con todo, las reformas promovidas por la Nueva Gestión Pública reforzaron la idea de que la planeación es el paso indispensable para alcanzar objetivos de desarrollo. Pero ya no era la planeación unilateral de un Estado controlador, sino la planeación plural y participativa, conectada con sectores sociales cada vez más diversos, de la que hablan los recientes planes de desarrollo.
Diputado local.
Líder de la fracción parlamentaria PAN
