Y, ¿por qué no? En una de esas, en esta ocasión, como sucedió en momentos clave de la transición, los acuerdos saltan de los pactos a las normas y, desde ahí, a las políticas públicas para aterrizar en la realidad en la que vivimos los ciudadanos de a pie. No es imposible y es objetivamente necesario. En cierto sentido vivimos uno de esos “momentos excepcionales” que, según Bruce Ackerman, sientan las bases para la adopción de algunas decisiones fundamentales. Me concentro en un tema —sentido y urgente— de los muchos que recoge el Pacto por México: la procuración de justicia. Durante el sexenio anterior el combate a la delincuencia operó bajo la lógica de la mano dura. Ello supuso, entre otras cosas, un desplazamiento de la ruta del derecho por el camino de las armas que, en los hechos, como lo advirtió Murillo Karam, conllevó el desmantelamiento de la procuración civil de justicia y el fortalecimiento de las autoridades castrenses. El nuevo pacto político promete sacarnos de ese entuerto. Ello mediante nuevas normas y renovadas dinámicas institucionales.
Para empezar, la intención es contar con códigos penal y procesal únicos. Ello como parte de la estrategia para hacer realidad al sistema de justicia penal acusatorio en todo el país. Son acciones deseables. La fragmentación normativa es uno de los motivos de la ineficacia de nuestra procuración de justicia y también es causa de desigualdades ante la ley que se traducen en abusos e inequidades. Los códigos únicos pueden generar certeza y seguridad jurídicas. Además, su aprobación constituiría una oportunidad para modernizar en clave garantista al ordenamiento penal del país. Las normas constitucionales en materia de derechos humanos sientan las bases para que así sea. Pensemos en un tema doloroso y sentido en estos años: la desaparición forzada de personas. Hoy la figura está tipificada en el Código Penal Federal y en la mitad de los códigos locales con redacciones distintas y alcances disímbolos. Lograr unidad en la legislación y armonizarla con los instrumentos internacionales correspondientes son acciones estratégicas para combatir este terrible flagelo. Y es sólo un ejemplo.
En paralelo debe fortalecerse a la PGR. Hacerlo, aunque suene paradójico, es apostar por el Estado de derecho. Toda sociedad democrática necesita que el Estado proteja a las personas del abuso que ejercen los criminales. Esa acción estratégica debe estar en manos de las autoridades civiles y debe ejercerse a través de las leyes. Quienes criticamos la militarización no cuestionamos el combate a la delincuencia, sino los medios y las formas elegidos para hacerlo. Un gran déficit de nuestro Estado constitucional ha sido la histórica inexistencia de una fiscalía profesional, honesta y capaz —precisamente— de procurar justicia a los mexicanos. Hoy parece que los dirigentes políticos se han dado cuenta de ello y de que, junto a la prevención del delito y la reforma de las policías, son necesarias nuevas normas y prácticas que revolucionen al sistema de justicia penal en el país.
Esta transformación requiere de decisiones legislativas pero también —sobre todo— de acciones y políticas públicas que competen al Poder Ejecutivo. Esto no sólo porque, al menos por ahora y por desgracia, no se contempla la autonomía de la Procuraduría, sino también porque un giro en la estrategia supone materializar la desmilitarización del combate a la delincuencia. Así que el Presidente y sus colaboradores deben moverse a dos bandas: profesionalizar la procuración de justicia y desmovilizar a las tropas. El reto reside en lograr la “descalderonización” de la agenda de seguridad. Y no será fácil lograrlo porque existen actores interesados en que ello no suceda. Hay mucho presupuesto, mucho poder y mucha impunidad en juego. Pero, dado que lo que está en vilo es la democracia constitucional mexicana, existen buenas razones para intentarlo. El pacto es un paso en esa dirección. Un buen paso.
Investigador del IIJ de la UNAM
