Hace dos meses escribí en este espacio que urgía pacificar al país. En plena campaña electoral las cifras de la violencia política y criminal llegaron a niveles alarmantes. La compleja problemática de la violencia sólo formó parte de la campaña para atacar a López Obrador por su idea de hacer todo lo necesario para pacificar al país, hasta una amnistía. AMLO puso en cuestión la actual estrategia en contra del crimen, que en doce años ha fracasado rotundamente. El principal problema que tiene que atender el próximo gobierno es la pacificación del país, sin esa pieza los demás proyectos pierden viabilidad. Quizá una parte del sentido del voto por AMLO y la mayoría que logró Morena en el Congreso tienen que ver con el objetivo de lograr la paz.
La semana pasada se celebró en el Colmex una sesión del seminario sobre violencia y paz ¿Olvido, Verdad o Justicia?, en donde participó la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; sus comentaristas fueron Mariclaire Acosta, Santiago Corcuera y Javier Sicilia. Quizá fue la oportunidad para conocer de forma profunda el proyecto de propiciar una justicia transicional, que según Mariclaire tiene cuatro bases: la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación del daño y las garantías de no repetición.
El proyecto apenas esbozado contempla la creación de una gran comisión de la verdad, además de comisiones específicas para casos emblemáticos como el de los 43 de Ayotzinapa. La ministra acotó que se buscaría la “mejor ecuación” para que la verdad y los procesos de justicia puedan llevarse a cabo de forma paralela. Otra pieza del plan apunta hacia la búsqueda de una amnistía posible. Corcuera comentó cuáles son los diferentes tipos que existen. Javier Sicilia insistió en que la agenda de la nación debe ser la pacificación. Además, Sánchez Cordero mencionó otros dos ingredientes del plan, como la reducción de penas y lo más sorprendente, una despenalización de las drogas. La posición de AMLO es de carta abierta para explorar todas las vías necesarias o para pacificar al país, así lo planteó la próxima secretaria de Gobernación.
Durante el seminario del Colmex resultó muy conmovedor escuchar las experiencias de varias madres de desaparecidos que han buscado a sus hijos por años. Historias de horror que ninguna persona merece vivir, y que expresan el tamaño del agujero que ha dejado esta inútil guerra contra el narcotráfico, la cual suma más de 130 mil ejecuciones, más de 33 mil desaparecidos, 1075 fosas clandestinas, 339 mil desplazados (cifras del colectivo Memoria y Verdad, citadas por M. Acosta). Estas madres expresaron su confianza para que el próximo gobierno sí pueda ayudar a encontrar a sus familiares desaparecidos.
Se sabe que la tarea será ardua y que el trayecto llevará años para encontrar la verdad sobre estos miles de desaparecidos; para hacer justicia y reparar el enorme daño que ha destruido a esas familias. Hubo críticas a la estrategia, como la falta de una mayor especificidad para implementar la justicia transicional, o de que ya no es necesario hacer más “show” (Sicilia dixit) con los foros que se preparan, porque ya se tienen los instrumentos necesarios para iniciar la nueva estrategia a la brevedad.
La derrota electoral del PRI y del PAN tuvo mucho que ver con la responsabilidad que tuvieron esos dos gobiernos en la guerra actual. Cualquier avance democrático en el país pasa por esta nueva estrategia para la pacificación del país y un proceso de justicia transicional. De la misma forma, como señala un colectivo —al que me sumo— que se pronuncia en favor de la regulación de las drogas y establece que la pregunta no debe ser entre regular o no, sino cómo hacerlo. El reto mayor del próximo gobierno es la pacificación.
