Nuestra Constitución consigna que la renovación de los Poderes de la Unión se realiza mediante elecciones libres, auténticas y periódicas.

Y “los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público”.

La organización de las elecciones está a cargo del Instituto Nacional Electoral, que es un órgano constitucional autónomo. Los órganos constitucionales autónomos son aquéllos creados inmediata y fundamentalmente en la Constitución, y no están adscritos a ninguno de los poderes tradicionales del Estado; actúan con independencia en sus decisiones y estructura orgánica, buscan trasparentar ante la sociedad sus funciones.

Anteriormente, esta función la realizaba la Comisión Federal Electoral, en 1977 se publicó la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), y en 1990 se creó el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (Cofipe), cuyo titular era el secretario de Gobernación, con seis consejeros sin filiación partidista, dos diputados y dos senadores.

En 1996 se crea el Instituto Federal Electoral, cuyo primer objetivo era “fortalecer la confianza y credibilidad de los procesos electorales, regular el acceso a medios de comunicación y crear la fiscalización de los procesos electorales”; ya no dependería del Poder Ejecutivo.

Para supervisar al IFE, se creó en 1994 la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y, en 1996, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para resolver las diferencias y problemas que surjan en el IFE.

El 10 de febrero de 2014, se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia política-electoral aprobada por el H. Congreso de la Unión, así como por la mayoría de las legislaturas de los estados. Con esta reforma se modifica sustancialmente el régimen electoral que pretende homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales. El Instituto Federal Electoral (IFE) ahora tiene carácter nacional, es el Instituto Nacional Electoral (INE).

Ese cambio representó un aumento en su gasto corriente, actualmente tiene un presupuesto de alrededor de 15 mil millones más 5 mil millones que se destinaron a “prerrogativas a partidos políticos”, estamos hablando de 20 mil millones de pesos para las elecciones estatales que habrá este año. Hay que añadir los casi 3 mil millones que solicita el TEPJF, más los que recibe la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Algunos autores opinan que la creación de los organismos autónomos se debió a la necesidad de “limitar los excesos en que incurrieron los poderes tradicionales” pues generaron desconfianza social disminuyendo la credibilidad gubernamental. También algunos doctrinarios consideran que el INE es una “una vía para conciliar la democracia de partidos”, pues no se deben a su creador o a quien los designa, se busca con ellos un equilibrio constitucional, la conveniencia de un órgano específico que ejecute las tareas que no deben ser sujetas a la coyuntura política, un órgano que garantice la imparcialidad en los procesos electorales. “Un auténtico órgano autónomo cuenta con especialización en su área y no se guía por intereses partidistas o situaciones coyunturales, sino con estricto apego a la legalidad.”

Uno de los motivos del gasto tan grande, es el tamaño del aparato electoral. En 2014, el “nuevo” INE en su carpeta de justificaciones que entregó a la Cámara de Diputados para argumentar su solicitud de recursos para las elecciones del 7 de junio pasado, destinaron 5 mil 825 millones 855 mil 850 pesos sólo para Servicios Personales, y calificaron el gasto de “racional, responsable y respetuoso.”

El proceso electoral no refleja cambio alguno, los formatos de las actas de la jornada electoral, las largas filas en las casillas para emitir el voto, la integración de las mesas receptoras es la misma, lo único que cambio es el alto costo de las elecciones.

Las elecciones en México son de las más caras del mundo; cada voto cuesta en Estados Unidos 1.5 dólares, en Chile 1.2, en Costa Rica 1.8, en España 4, en Suecia 2, y en México cuesta 17.24 dólares. Las elecciones tan caras en el país se debe a la falta de sensibilidad de los órganos electorales, lo que genera desconfianza en los votantes. Y, lamentablemente, estos recursos, con los que se cubren los gastos electorales, son cantidades que dejan de recibir los estados para aplicarlos en la satisfacción de las demandas y necesidades de la población.

Ex presidente municipal de Querétaro y ex legislador federal y local. @Chucho_RH