La obesidad de la burocracia queretana

Norberto Alvarado Alegría

Uno de los problemas más graves que enfrentan las finanzas públicas en México es la excesiva carga laboral y social del gobierno. El número de burócratas suma más de 8 millones, frente a los 2.2 millones de Estados Unidos, país que tiene 300 millones de habitantes, o España con 2.5 millones y una población de 50 millones. El gasto en la nómina de la burocracia mexicana se incrementó en una década, pues entre los años 2000 y 2012 el gasto devengado en servicios personales en todos los órdenes y niveles de gobierno federal creció 141.6%. En las entidades federativas y los municipios el gasto creció 152% en igual periodo, y en los llamados ramos autónomos que incluyen los poderes Judicial y Legislativo, así como el INE (antes IFE) y la CNDH, creció 283.7% en los mismos términos. Desde 2013, los estados gastan 7 de cada 10 pesos de los presupuestos estatales en nómina y sólo los 3 pesos restantes se destinan a obras de infraestructura, materiales y subsidios, entre otros, situación que es muy similar o peor en los municipios. Por ello, hace falta una reforma estructural a la legislación laboral burocrática, ya que las cargas financieras para el pago de salarios y prestaciones, que se han aumentado exponencialmente por los gobiernos panistas en los sueldos de los funcionarios de primer nivel, el costo sindical, las jubilaciones y pensiones, conforman una bomba de tiempo para las finanzas públicas que sólo alcanzan para pagar el gasto administrativo y hacen nula la acción del gobierno en servicios, obras, infraestructura y programas sociales.

En este contexto, el gobernador presentó una iniciativa para reformar el sistema de pensiones y jubilaciones de los burócratas. En los últimos cinco años el recurso destinado para ese fin se incrementó en 180%; esta reforma plantea la modificación a la Ley de los Trabajadores para establecer la jubilación hasta cuando la persona cumpla 60 años de edad y fijar como tope que el salario con que se pensiona o jubila sea como máximo de 42 mil pesos mensuales. Hoy la ley señala que los trabajadores que cumplan 30 años de servicio, sin importar su edad, pueden jubilarse con el 100% de su salario, y en el caso de las pensiones pueden ejercer a este derecho los burócratas que cumplan 60 años de edad y cuando menos 20 de trabajo, con rangos de pensión del 53% al 95% de su salario. El esquema que proponen es similar al del IMSS, en que la persona se podrá jubilar al cumplir 60 años de edad y aunque se dé el caso de que una persona de más de 40 años cumpla con los requisitos para poderse jubilar, no podrá hacerlo, sino 20 años después; contempla integrar un registro de antigüedad, para dar transparencia y conocer a quiénes les corresponde ese derecho de jubilación, y establecer que el salario ya no será la cantidad inmediata anterior que tenía en su puesto, sino el promedio del salario que tenía el trabajador en los últimos cinco años. Con esta reforma, se contempla obligar a los gobiernos a constituir un depósito bancario cada mes para la reserva del pago de aguinaldo, lo cual podría ser inconstitucional bajo la actual redacción del Artículo 115.

La reforma es necesaria, en el estado existen montos destinados para jubilaciones muy altos con cantidades de hasta 145 mil pesos. Sin embargo, la reforma que se propone se queda corta, el problema no está sólo en las jubilaciones y pensiones, sino en las de los funcionarios de primer nivel y de elección popular, como diputados y regidores; así como en las liquidaciones de estos funcionarios que cada tres o seis años exigen el pago por terminación de la relación laboral sin causa justificada, lo cual es incorrecto, y ha contado con la complicidad de las autoridades, principalmente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Algunos diputados, presidentes municipales, síndicos y regidores han abusado de los derechos laborales de los trabajadores burocráticos, al computar sus períodos de elección como años de trabajo para lograr jubilaciones o pensiones ilegítimas. Han incurrido en un fraude a la ley, al exigir y recibir el pago de liquidaciones laborales por supuesta terminación de la relación de trabajo “sin causa justificada”, pues todos ellos como trabajadores de confianza, fueron designados o nombrados por un tiempo determinado de trabajo, ya sea por el gobernador, la legislatura, el ayuntamiento o el presidente municipal, y como tal debe ser el tratamiento de su relación laboral según lo señala el Artículo 57 fracción II de la ley laboral burocrática.

La burocracia excesiva y costosa está dañando la economía. Es necesario empezar por llevar a cabo un estudio profundo que evalúe la eficacia de la burocracia, en términos de su costo-beneficio, pero también en sus aportaciones verdaderas al desarrollo económico y a la competitividad. La obesidad del gobierno no es sana en ningún caso, mucho menos por su costo de oportunidad, es decir, por representar un uso de recursos públicos que pudieran destinarse a otros proyectos sociales y productivos.

Abogado y profesor de la Facultad de Derecho, U.A.Q.

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