La miscelánea fiscal y sus efectos

Abigaíl Arredondo

El jueves de la semana pasada se aprobó en la Cámara Federal de Diputados, por mayoría de votos, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, así como la llamada Miscelánea Fiscal, que incluye diversas modificaciones a la Ley del IVA, del ISR, Ley Federal de Derechos, Ley del IEPS, Código Fiscal de la Federación y demás normatividad en la materia.

Todo ello forma parte del paquete económico que remitió a San Lázaro el Presidente de la República, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el  8 de septiembre.

El tema es de suma importancia para el año entrante, pues se trata de las normas que regirán todas las contribuciones que, conforme al artículo 31 fracción IV de la Constitución, todas y todos los mexicanos debemos pagar. A partir de este marco jurídico, se determinarán los impuestos y derechos que recibirá el gobierno para dar salida a los compromisos y proyectos establecidos por la 4T.

Pero además, el paquete económico es sustancial para la viabilidad financiera de las instituciones, por dos razones:

Por un lado, determinan los ingresos que percibe el Estado Mexicano, para que sea distribuido en los tres niveles de gobierno, donde las entidades federativas y los municipios dependen en gran medida de estos recursos. Y por otro, fija los parámetros que tendremos los particulares para cumplir con nuestros impuestos: montos, tasas, exenciones u obligaciones tributarias, lo que invariablemente impacta en la economía. 

Como ya se ha visto en redes sociales y  medios de comunicación, el debate se puso álgido en la sesión de la Cámara de Diputados, toda vez que la iniciativa planteó una serie de cambios que afectan a varios sectores de la población. Uno de ellos, fue la disposición que obliga a toda persona mayor de 18 años a estar inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, no obstante que no tributen. Medidas fiscales que pueden considerarse adecuadas, pero no en el momento que vivimos.

En este punto, me parece que le faltó “pulso” al gobierno federal y a los legisladores que apoyaron esta medida. Y es que esa decisión ha sido catalogada como “terrorismo fiscal”, ya que no tiene ningún fin práctico ni real.

Se supone que el RFC fue creado con la finalidad de tributar, es decir, tener un registro confiable de personas que paguen impuestos; sin embargo, si sólo  57% de la población es económicamente activa, ¿para qué busca el gobierno tener registrados al resto de los habitantes que no laboran?

Pero además, consideremos los efectos negativos que ello tendrá, principalmente en los más jóvenes que van iniciando su vida laboral.

Tan sólo, la tasa de desempleo a nivel nacional en jóvenes de 18 a 29 años, es del doble en comparación con la tasa general, por lo que el exigirles que estén dados de alta en el RFC, aunque no tributen, puede desincentivar la búsqueda de empleos formales.

En este contexto, es importante que haya claridad y transparencia por parte del gobierno federal, en cuanto a la finalidad queé se pretende con esta medida, pues como se ha precisado, si el objetivo no es aumentar las contribuciones ¿entonces para qué?

Ahora el tema está en la Cámara de Senadores, donde en los próximos días se discutirá y decidirá si esta modificación transita para convertirse en Ley vigente o termina, como muchas propuestas, en una ocurrencia más. 

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