Con los cambios en el gabinete federal, la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la de otras legislaciones ligadas con el tema laboral y la creación de nuevas instituciones, seguramente seguirán dejando más dudas que certezas. Nos platican que Alfonso Navarrete-Prida, flamante secretario de Gobernación y ex de la STPS, se ha llevado por lo menos a 40 de sus allegados, dentro de los que destacamos: Rafael Avante ex subsecretario de Trabajo y Ángela Quiroga Quiroga, quienes en los hechos, eran los rectores, dirigentes y responsables de las reformas jurídica laborales. Ahora, al igual que Alfonso, despachan en las oficinas de Bucareli como ya lo dejamos anotado.
Llega a la STPS Roberto Rafael Campa Cifrián (Ciudad de México; 11 de enero de 1957), un político de mucha experiencia y un conciliador natural, quien, esperamos se rodeé de gente conocedora del Derecho del Trabajo y definan, junto con sindicatos y asociaciones empresariales, el destino de esta hermosa rama del Derecho, tan menospreciada por algunos gobiernos federales o estatales y también en algunas universidades o tecnológicos que por supuesto, imparten la materia. Las reformas al artículo 123 Constitucional se publican en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero del 2017 y de acuerdo con el artículo primero transitorio, entraron en vigor al siguiente día de su publicación; es decir, el 25 de febrero de 2017.
Por su parte, el artículo segundo transitorio del decreto en comento establece: “El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo previsto en el presente decreto dentro del año siguiente a la entrada en vigor del mismo”; es decir, el límite vence el 23 de febrero de 2018.
La reforma que al parecer está “durmiendo el sueño de los justos” en el Senado y que reforma sustancialmente el derecho adjetivo y subjetivo del Trabajo, es decir, proyecto que al día de hoy no es ley, en su artículo décimo primero, si es que la iniciativa de reformas no es modificado en la cámara de senadores o la de diputados establece: “Los juicios iniciados con las disposiciones anteriores a la presente reforma, deberán concluirse de conformidad con ellas”; es decir, que si así se publica, las juntas de conciliación y arbitraje (federales y locales) deberán terminar los cientos de miles de juicios laborales que están conociendo.
Hasta el día de hoy 15 de enero de 2018, en que se escribe está columna, al parecer el Senado no tiene mucho interés de revisar la reforma en comento; sin embargo, las dudas continúan principalmente en lo tratado en la entrega anterior; relativa a las outsourcing, al futuro del personal de las actuales juntas federal y local de conciliación y arbitraje; a los presupuestos que deberán entregarse a los poderes judiciales de cada estado y de la federación, a la creación de un Instituto Federal de Conciliación y Registro Laboral y al procedimiento que habrá de seguirse para dirimir las controversias entre obreros y patrones.
Lo hemos apuntado y ahora lo repetimos, nuestra Ley Federal del Trabajo requiere de una modificación integral y no “parches” legislativos, ya que con la iniciativa laboral en comento y ante la falta de información oficial, concatenada con los cambios en el gabinete federal y la lentitud de los senadores, quienes tenemos algunas “horas de vuelo” en estos hermosos pero resbaladizos pasillos de la impartición de la justicia laboral, hemos echado a andar una serie de interpretaciones, algunas por supuesto a favor de los patrones y otras en beneficio de los trabajadores.
Si tenemos que emitir una conclusión particular, no podemos ser contradictorios con lo escrito durante años: Somos de quienes siempre estuvieron y están a favor de que la justicia laboral sea impartida por los poderes judiciales, ya que en la actualidad las juntas son tribunales híbridos. Son administrativos por depender de los poderes ejecutivos, empero son jurisdiccionales al tener la facultad constitucional del jus dicere, aunado a el control difuso de la Constitución; esto último relacionado con las reformas al artículo primero de la Carta Magna del país. Sin embargo lo que muchos no consideramos al proponer lo aclarado, es el grave conflicto que significa en los hechos trasladar la justicia laboral del ámbito administrativo al judicial y si tomamos en cuenta que la reforma penal se ha llevado más de ocho años, la laboral no puede estar lista dentro de casi un mes; lo repito en febrero del 2018.
Estamos conscientes de que México atraviesa por una situación difícil en el aspecto social, político, económico y jurisdiccional; lo anterior como resultado de la política exterior e interna que está realizando EEUU, principalmente en lo que se refiere a la disminución de impuestos; a la incertidumbre de la revisión, modificación o suspensión del TLC; a las elecciones a varias gubernaturas, a la presidencia de la República y sume usted aquí, varios miles de cargos de elección popular.
México está reafirmando nuevos Tratados Internacionales Comerciales; empero quienes navegamos por esos terrenos nos percatamos de que, las condiciones laborales vigentes en Canadá, en todo Europa y parte de Oriente son muy superiores a las de México y si tomamos en cuenta la Cuarta Revolución Industrial o Informática, vemos que la misma tiene amplios beneficios, pero también altos costos al suprimir millones de puestos de trabajo. Por decirlo en otras palabras un gran sector de los sindicatos y por ende trabajadores, se niegan a capacitarse en los nuevos modelos de tecnología y algunos patrones en el mundo entero prefieren contratar a los llamados millennials, quienes tiene un común denominador: Su juventud, preparación, emprendedurismo, con las desventajas de que no duran en sus trabajos, en las actuales condiciones de México, sus pensiones como las de sus antecesores, son paupérrimas y desde luego, una vez que han obtenido la capacitación que ellos consideran necesaria, prefieren laborar por su cuenta.
El tema da para mucha tinta, consideraciones y opiniones, empero es menester ir pensando en la reforma laboral integral y dejar de estar poniéndole parches a la misma pues después de 23 años, sigue plenamente vigente y por demás necesario y urgente, resolver el: “Veo un México con hambre y sed de Justicia”; expresado por Luis Donaldo Colosio Murrieta. (FIN)
Desde luego, amigo lector, usted tiene una mejor opinión.
