Hace un par de semanas que la LX legislatura emitió la convocatoria para renovar la titularidad de la persona que ocupe la presidencia de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro, y, dentro de los plazos que establece dicho documento, precisamente ayer, venció el periodo para aquellas personas que tengan el deseo de registrarse.

El documento en sí, resultaba hasta ilegible por la gran cantidad de letras pequeñas que tenían que revisarse con lupa o una buena ampliación si se leía en digital. Sin embargo, lo que más llama la atención es la celeridad con la que se manejan los tiempos para un cargo que tiene una función sustantiva en la entidad, pues se trata del o la titular del organismo público, autónomo, garante de hacer valer los derechos humanos de todas las personas.

Hoy en día, si volteamos a ver hacia el ámbito nacional podremos ver que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está desprestigiada porque de inicio la persona que fue nombrada para tal responsabilidad es alguien completamente alineada al gobierno de la 4T. Por tal motivo, esta es una oportunidad para nuestro estado de hacer las cosas diferentes, pues si sucede lo mismo en la próxima designación, sea quien resulte designado carecerá de legitimidad ante la sociedad.

Obviamente por las condiciones sociopolíticas que imperan en Querétaro estamos lejos de ver una DDHQ tomada por grupos feministas como sucede a nivel nacional, sin embargo, ello no deja de ser motivo de atención para una ciudadanía que cada vez está más atenta sobre el conocimiento de sus derechos y en un estado donde eventualmente se vulneran los derechos de los grupos más desprotegidos, sean personas con discapacidad, adultos mayores, comerciantes indígenas o personas migrantes en su paso por Querétaro.

El procedimiento de selección dicta que sea la Junta de Coordinación Política la que entreviste a las personas que acrediten la documentación, y, delibere. En caso de haber consenso designará a una sola, en caso de haber disenso, tienen que enviar una terna para que sea votada por los presentes en el pleno mediante cédula, es decir, en secreto.

Ayer se manejaban varios nombres que van desde ex servidores públicos o en activo, como: Javier Rascado Pérez, ex titular del INFOQRO, Alberto Horacio Buendía Madrigal, Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, José Vidal Uribe Concha, ex presidente del otrora IEQ, hasta la activista Maricruz Ocampo Guerrero, así como el polémico Miguel Nava Alvarado, ex Ombudsman. La decisión ya está tomada, solo que aún no se ha hecho pública.

Twitter: carlosfcps / FB: Carlos Velázquez

Google News