Otra vez el Consejo General está incompleto. Conforme al mandato constitucional está situación es irregular y, mientras más se prolongue, puede impactar al IFE en dos sentidos: 1) propiciando empates en algunas determinaciones del Consejo General y, 2) politizando el proceso de selección del nuevo consejero. Por supuesto, ambos aspectos son relevantes, pero ninguno interfiere en la operación cotidiana del Instituto, ni en el cumplimiento de sus atribuciones.
No es la primera vez que está incompleta la máxima instancia decisoria del IFE en los últimos años. Tampoco creo que sea la última, de mantenerse los términos en los que actualmente está redactada la ley. Sucedió en diciembre de 2007 cuando Luis Carlos Ugalde renunció como consejero presidente y volvió a darse en noviembre de 2010 al concluir el periodo de los consejeros electorales Virgilio Andrade, Marco Gómez y Arturo Sánchez. En el primer caso, la integración irregular duró un par de meses y, en la segunda, más de un año (del 1 de noviembre de 2010 al 15 de diciembre de 2011). En el segundo caso, no se alteró el funcionamiento de las áreas ejecutivas, técnicas ni desconcentradas del IFE, pero sí propiciaron que en el Consejo General se produjeran 22 empates. Cabe recordar que esa situación cubrió un largo periodo previo al inicio del Proceso Electoral Federal de 2012. Compromiso que el IFE enfrentó con responsabilidad, a pesar de la irregular situación.
Respecto de la politización del proceso de designación, los 14 meses de la segunda integración irregular son representativos. En esa ocasión, el proceso de evaluación de aspirantes transcurrió sin contratiempos y en los plazos definidos por la convocatoria respectiva. Sin embargo, la decisión del pleno de la Cámara de Diputados se retrasó ante el argumento de que no se alcanzaban las ternas con los consensos adecuados. Es decir, los méritos profesionales y académicos no fueron suficientes y se impusieron las percepciones políticas. Así pasó más de un año.
En aquella convocatoria (como en la actual) se presentaron ciudadanas y ciudadanos con suficientes méritos profesionales y académicos para ser designados consejeros electorales. Al no hacerlo, los intereses, filias y fobias que estaban detrás del proceso contribuyeron a evidenciar o imaginar vínculos entre los aspirantes y los partidos políticos. Como resultado, el concurso se declaró desierto.
El retraso en la designación de los consejeros fue posible debido a que la Cámara de Diputados no tiene un plazo perentorio para llevar a cabo tal nombramiento. Ni en la Constitución ni en el COFIPE está previsto un límite o plazo para que los grupos parlamentarios construyan los consensos; menos aún un mecanismo alternativo ante la falta de ellos. Supongo que habrá quien considere que el mandato legal se cumple al lograr el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes para designar a los consejeros electorales, sin importar el tiempo que tarde la construcción de ese consenso. Sin embargo, mientras más prolongado sea el retraso, surgen más posibilidades de empates en el Consejo General y puede incrementarse la politización del proceso de designación, con fundamentos o sin ellos.
En diferentes foros, he señalado la importancia de que los nombramientos no sean objeto de debates políticos, sino resultado de procesos transparentes. Además, he sostenido que la autonomía e independencia del IFE se fortalece si los consejeros electorales se determinan por méritos técnicos y profesionales y no en trayectorias o respaldos políticos.
La convocatoria para sustituir a Sergio García Ramírez está en la fase final. Corresponde ahora a la Junta de Coordinación Política determinar el nombre que se presentará al pleno de la Cámara de Diputados. Confío que la sensibilidad mostrada por las fuerzas políticas en el Pacto por México se replique en la designación del consejero que le falta al IFE. Si se pospone para buscar designaciones en paquete, los legisladores le darán la razón a quienes ven en el nombramiento de los consejeros electorales una distribución de cuotas entre partidos.
En una democracia, los poderes públicos y las instituciones del Estado deben ser responsables ante una ciudadanía que no espera menos que el estricto cumplimiento de la ley. Por ello, espero que en este periodo de sesiones quede integrado el Consejo General como lo define la Constitución.
¿Puede el IFE funcionar sin su Consejo General completo? Sí. Lo ha hecho. ¿Debe la Cámara de Diputados mantener incompleto al Consejo General del IFE? No, por responsabilidad democrática.
Consejero presidente del IFE
