El sábado anterior lamenté mucho la noticia que escuché del mismo presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, que por cuarta ocasión en una semana el ducto de Pemex que va de Tuxpan, Veracruz, a la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, había sido dañado, presumiblemente por gente dedicada al robo de combustible.

Mencionó que de inmediato se reparó y se siguió surtiendo combustible a la capital del país.

Se requieren explicaciones. Me llamó la atención este comentario porque me pareció que el presidente incurrió en contradicciones. El mandatario del país dijo que se suspendió el suministro de combustible a través de ductos que van a las entidades del Bajío, para combatir su daño y el robo de gasolinas. Al momento, sin embargo, no se ha reportado un solo detenido como consecuencia de esta determinación. Lo que deja en claro que la estrategia para combatir este delito no está planeada adecuadamente.

Me parece que al momento de frenar el suministro de combustible y no haber nada qué robar, nadie se acerca a intentar abrir los conductos y, por ende, no se atrapa a uno solo. Sin embargo, no sabemos bajo qué argumento el ducto Tuxpan-Azcapotzalco sigue abierto y sigue surtiendo a la Ciudad de México a pesar de que, en una semana, van cuatro ocasiones que lo dañan. Tampoco ha habido detenciones por esto.

Y aun cuando no hemos visto que se detenga a los robadores de gasolinas, el presidente López Obrador insiste en que la estrategia avanza y en pocos días se podrá regularizar el suministro a través de ductos y normalizar la dotación en entidades como Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro, que forman la región más afectada.

Una pregunta que surge a raíz de esta condición es: ¿para combatir este delito era forzoso que se “sacrificara” a la población de dichas entidades y, más aún, que se cambiara de sistema de distribución sin avisar a los ciudadanos? ¿Después de esta etapa, será factible regresar a la distribución en ductos sin que se corra más el riesgo de ser robados? ¿El cambio de distribución —de ductos a pipas— será el factor principal que garantice la erradicación del robo? Por cuanto hace al ámbito exclusivamente político, me parece que se incurre en un error, al no alertar a la población de la escasez que se registraría y sin informar a los gobernadores de las entidades más afectadas, a fin de que pudieran tomar previsiones para esta coyuntura. Tampoco, por lo que hemos visto, se garantizó que los depósitos regionales estuvieran llenos.

Como corolario, mencionar que ha sido solamente la figura del mandatario del país la que “ha salido al quite” en esta crisis de las gasolinas. Del director general de Petróleos Mexicanos, ni sus luces; la secretaria de Energía ha dado destellos y el resto del gabinete —a excepción de la Secretaria de Gobernación— aparentemente está alejado del problema o ha recibido órdenes de no involucrarse.

A pesar de que Andrés Manuel López ha abordado el tema casi diario en su conferencia de prensa matutina, la información es muy poca y vaga: no sabemos el tiempo que durará esta coyuntura; nada se sabe de detenidos por robo del producto o desmantelamiento de bandas; solo lo que afirmó la secretaria de Gobernación, que se habían congelado cuentas bancarias de gasolineros involucrados con el robo, pero aún no se conoce cuántos son, cuánto dinero involucra y si serán o no detenidos. Nada.

Ojalá. López Obrador escogió este tema como una de sus batallas; no ha permitido que sus secretarios se involucren de lleno y tengan protagonismo. Solo el presidente es quién “informa”, define estrategia, ordena y supervisa. Hay que dejar claro que como millones de mexicanos, estoy de acuerdo con esta gran cruzada contra el robo de gasolinas. Lo que no comparto y discrepo, es en la forma que se ha emprendido en hacerlo, cómo se lleva a cabo y en la exclusión de la participación ciudadana.

Todo lo hace el presidente, y esta actitud, por supuesto, es un gran riesgo para México.

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