Para crear la Guardia Nacional, la nueva coalición gobernante se propone modificar 13 artículos de la Constitución, trasladar de adscripción administrativa a 47 mil personas, redirigir unos 35 mil millones de pesos, redefinir rangos, sueldos y prestaciones en tres cuerpos de seguridad, y trastocar el equilibrio entre instituciones civiles y militares. Pero todo eso es, según dicen sus promotores, solo una medida temporal.

En la exposición de motivos de la iniciativa se lee el siguiente párrafo: “Es esta una medida emergente, de carácter transitorio. Está sujeta a evaluación a los tres años, tanto por el Poder Ejecutivo, como por el Legislativo Federal. Habrá de prevalecer sólo mientras persista la crisis de violencia e inseguridad en el país”.

Y en efecto, en el artículo quinto transitorio de la iniciativa, se afirma lo siguiente:

“En tanto persista la crisis de violencia e inseguridad en el país, se mantendrá la Guardia Nacional de conformidad con los términos planteados en el presente decreto, por ser obligación del Estado Mexicano tomar las medidas pertinentes para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. No obstante lo anterior, la actuación de la Guardia Nacional deberá estar sujeta a revisión, por lo que el Ejecutivo Federal en coordinación con el Poder Legislativo deberán llevar a cabo una evaluación de la política instrumentada en la materia transcurrido el plazo de 3 años a partir de su implementación. Los miembros de la policía militar y naval adscritos a la Guardia Nacional quedan exceptuados de la prohibición a que se refiere el artículo 129 de la Constitución”.

Eso lleva a algunas preguntas obvias:

1. ¿Cómo vamos a saber si persiste la “crisis de violencia e inseguridad en el país”? ¿Qué métrica se piensa utilizar? ¿La tasa de homicidio? De ser el caso, ¿cuál sería el umbral para considerar que ya no estamos en crisis? ¿O tal vez se piense incluir en el análisis la incidencia de otros delitos violentos (secuestro, extorsión)? Y si es así, ¿cómo se ponderarían los distintos delitos?

2. Si la existencia de la Guardia Nacional depende de la persistencia de una crisis, ¿qué motivación tendría para resolverla? ¿No se estaría generando un potente incentivo perverso?

3. ¿Cómo se piensa hacer la evaluación de los tres años? ¿Qué se piensa medir? ¿La incidencia delictiva? En ese caso, ¿cómo piensan aislar el impacto de la Guardia Nacional con respecto a otros factores que pueden influir en la actividad delictiva? ¿O tal vez se consideraría también la percepción de inseguridad o la confianza de la población en la institución?

4. ¿No es un conflicto de interés que el propio Ejecutivo federal evalúe a la Guardia Nacional? ¿Es siquiera posible que el creador desacredite a su criatura? Y si se coordina con el Poder Legislativo y los legisladores tienen una opinión distinta, ¿cómo se resuelve la contradicción?

5. ¿Qué pasa si la evaluación es negativa? ¿Desaparece la Guardia Nacional? ¿Regresamos a la situación actual? ¿Resurge la Policía Federal? ¿Y si la mayoría de sus miembros abandonó la Guardia Nacional en los tres años previos? ¿Nos quedamos sin cuerpo policial preventivo en el ámbito federal?

Para ser sincero, todas estas preguntas son ociosas. La “crisis” nunca va a desaparecer. El asunto de la revisión en tres años es una pantomima: el resultado es tan incierto como el de las consultas de este fin de semana. La realidad es que están creando a la Guardia Nacional como una policía militarizada permanente, a la manera de los Carabineros chilenos.

Un proyecto de ese tipo es controversial, pero defendible.

Lo que no es defendible es que nos quieran engañar con la idea ficticia de que esto es solo temporal.