Según la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, es el Comité Coordinador —integrado por los titulares de la Secretaría de la Función Pública, el INAI, el Comité de Participación Ciudadana, la Auditoría Superior de la Federación, el Fiscal Anticorrupción, un representante del Consejo de la Judicatura y el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa— el que aprueba la Política Nacional Anticorrupción, es decir, el voto definitivo lo tienen estas 7 instituciones, de las cuales una está acéfala (la Fiscalía) y la otra está a punto de cambiar (la Sefupu).

El proceso de elaboración de los insumos para la PNA inició el año pasado cuando el CPC tomó el liderazgo de su coordinación. La Red por la Rendición de Cuentas diseñó un buen documento que contiene una visión de causas y acciones contra la corrupción. Empero, no podíamos esperar que todxs coincidieran con él; la Sefupu, por ejemplo, emitió su propia visión de la PNA. Visiones y propuestas hay muchas y no resulta lógico desestimarlas de inicio.

Se decidió recibir insumos de otros actores. Se nos cruzó un cambio de gobierno y sistema. Aunque podría decirse que vamos tarde, me parece hasta apurado que el proceso de consulta concluya el 19 de diciembre, porque aún no hay claridad sobre lo que va a pasar con el SNA en la próxima administración. Elaborar, aprobar e imponer una PNA al nuevo gobierno es una estupidez.

Ahora bien, mi punto de vista es que de esta consulta tampoco saldrá el documento que se convertirá en PNA, la política debe estar elaborada con la participación activa del gobierno de López Obrador, de Irma Eréndira Sandoval y del nuevo fiscal Anticorrupción que se nombre, entre otros actores. Tampoco se trata de una consulta plural y diversa, ni las preguntas realizadas son las mejores. Sin embargo, estoy cierta de que será un ejercicio muy útil. Aflorarán las estupendas plumas que existen desde la academia y la sociedad civil, se conocerán las voluntades de sumar, pero también los egos, los protagonismos y la mezquindad. Se sabrá quién participa y quién no, se inferirá dónde están los intereses, dónde la captura. Es un proceso lleno de retos y oportunidades. Los CPCs locales se enfrentarán a fantasmas similares en los procesos que llevarán a cabo en sus entidades. Se trata de un ejercicio que rendirá más frutos políticos que académicos.

No descalifico el proceso, sólo lo reclasifico.

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