Pacificar es uno de los verbos del año.
Olga Sánchez Cordero, la probable secretaria de Gobernación a partir del 1 de diciembre, señaló que Andrés Manuel López Obrador le dio “carta abierta, lo que sea necesario para pacificar al país”. Por su parte, Alfonso Durazo, probable titular de la Secretaría de Seguridad Pública, afirmó que se busca construir una “receta mexicana” para la pacificación del país.
¿Y qué podría contener esa receta? Por ahora, solo tenemos algunos esbozos. Sánchez Cordero señaló que era necesario “pensar en un proyecto de ley que incluya no solo las amnistías, sino también la posible reducción de pena, las comisiones de investigación de la verdad y las comisiones de la verdad… Paralelamente, debe irse avanzando en la propuesta de la despenalización de la droga y la política pública para la recuperación de espacios económicos y proyectos de vida".
Según se entiende, la política de pacificación tendría cuatro elementos centrales: 1) una ley de amnistía, 2) mecanismos de justicia transicional, 3) regulación de algunas drogas y 4) prevención social del delito.
Lo que se entiende menos bien son los vínculos causales entre esas políticas y la pacificación deseada (entendida como reducción de homicidios y otros delitos violentos):
1) Según se ha dicho, la amnistía beneficiaría a pequeños infractores relacionados con delitos contra la salud. Liberar a distribuidores minoristas de marihuana o pequeños productores de amapola parece un acto de justicia aplaudible, pero ¿por qué reduciría el número de homicidios? ¿Por abrir espacio en las prisiones para delincuentes violentos? Tal vez, pero esos espacios ya se están abriendo como resultado del nuevo sistema de justicia penal y no hay aún efectos disuasivos visibles.
2) Las medidas de justicia transicional propuestas hasta ahora podrían facilitar la reparación del daño a las víctimas o resolver casos de desaparición. Pero no entiendo cómo contribuirían a disminuir los delitos violentos. Las comisiones de la verdad tal vez ayudarían a dilucidar algunos casos icónicos, pero no tendrían efectos significativos sobre los niveles generales de impunidad. La reducción de penas ya es posible en el marco legal vigente para testigos colaboradores, sin mucho impacto aparente ¿Por qué se debería de esperar algo distinto de una ley específica en la materia?
3) La legalización de marihuana en otros países ha tenido muchos efectos positivos, pero la disminución de homicidios no ha sido uno de ellos. En Uruguay, se registraron 258 homicidios en 2013, el año en que se aprobó la legislación para la regulación del cannabis. En 2017, el número de víctimas creció a 283. En Colorado y Washington, la tendencia es similar. Sobre la amapola, es más difícil hacer proyecciones porque no hay ejemplos recientes de legalización. Pero hay un dato ineludible: tanto para la amapola como para la marihuana, los procesos de regulación serían largos. En Uruguay, la legislación se aprobó en 2013, pero la marihuana se empezó a vender en farmacias en 2017. Es decir, si se empezara a trabajar desde ya, tal vez tendríamos algunas drogas legales hacia 2022 o 2023.
4) Sobre la prevención social del delito, no me detengo, salvo para decir que las intervenciones en la materia, aún las más exitosas, tienden a dar resultados en el mediano a largo plazo (les dejo aquí una reflexión más amplia sobre el tema: https://bit.ly/2K38fWU)
En resumen, las medidas delineadas hasta ahora tienen una relación tenue con la reducción de delitos violentos y serían de operación lenta. Para cuando empezaran a tener efectos, la administración López Obrador llevaría ya cuatro años y más de 100 mil homicidios en su cuenta.
Ojalá vengan más ideas.
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