El escenario de la violencia en México ha registrado cambios positivos: basta comparar la actual administración con el sexenio de Felipe Calderón, en el que los homicidios superaron las 121 mil muertes violentas relacionadas con el narcotráfico. Según un estudio publicado esta semana por el Inegi, en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, se han registrado 16 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, esto representa 27% menos respecto al último año de Calderón.

Las cifras revelan la realidad tal cual: en 2006, cuando inició la administración de Calderón, hubo 10 mil 452 homicidios, al final de su gestión, en 2012, el número ascendió a 25 mil 967; un año antes, en 2011, 27 mil 213 muertes. Según cifras del Inegi, esta cifra bajó en 2014 a 19 mil 669, 7 mil 544 homicidios menos que en 2011 y 6 mil 298 menos que en 2012.

Este tema es de esos en los que sólo el tiempo pone las cosas en su justa dimensión, sobre todo ahora, cuando el gobierno actual ha sido fuertemente criticado por la fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. A pesar de ello, los resultados para combatir a los grupos delictivos arrojan resultados favorables.

En la administración calderonista los resultados fueron adversos, pues la inseguridad y la violencia aumentaron de manera paralela al número de homicidios. Consecuencia de la errática estrategia fue la “guerra” que marcó esa administración, y que lamentablemente también definió un futuro con el que aún tenemos que lidiar.

El Inegi reporta el número de homicidios que son, por llamarlos de alguna manera, las víctimas directas de esta “guerra”; sin embargo, están también las víctimas indirectas: las familias y los hogares que se llenan de luto y dolor por la pérdida y que también tienen consecuencias económicas y sociales, marcas del delito difíciles de resarcir.

A lo anterior habría que agregar el costo que representa para el país hacer frente a la violencia. Un estudio de la Cámara de Diputados indica que en 2010, el Estado destinó alrededor de 210.8 mil millones de pesos, que equivale al 1.53% del PIB; en tanto que las medidas preventivas representaron un gasto para las familias de 48 mil millones de pesos.

Esto sin tomar en cuenta el incremento al presupuesto de las instituciones encargadas de atender las consecuencias de la violencia. Según estima el estudio de referencia, el gasto en seguridad fue superior a 181 mil millones de pesos.

Sí, la fuga del Chapo ha sido un error, una afrenta al país como la calificó el presidente Peña Nieto, un acto que los críticos a la administración han señalado como inaceptable, pero es un hecho del que el propio gobierno y los funcionarios relacionados con el sistema de seguridad han asumido la responsabilidad.

Bienvenida la crítica cuando esta sea propositiva, pero para que así sea es necesario marcar las fallas y también reconocer los logros, recordar que en esta administración es en la que ha habido mayor número de capturas de delincuentes relacionados con el narcotráfico: 122 de ellos son de los más buscados. Entre estas detenciones está la del propio Joaquín Guzmán en 2014.

A pesar de la fuga, no se puede negar que la visión del Ejecutivo Federal en materia de seguridad nacional ha sido atinada; las estadísticas del Inegi revelan que el gobierno de la República está cumpliendo con su obligación de trabajar en el restablecimiento de la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos mediante el combate a las manifestaciones de violencia y delincuencia de alto impacto.

Ex presidente municipal de Querétaro y ex legislador federal y local.

@Chucho_RH