25/11/2012
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Larga docena de años de gobiernos panistas. En el arranque una promesa incumplida: un régimen constitucional que se correspondiera con la nueva voluntad democrática de la nación. Lo dijo Fox en 2001 y cayó sobre él todo el peso del conservadurismo. El proyecto quedó enterrado y solamente se avanzó en materia de transparencia. Relegados quedaron los afanes de traducir el impulso democratizador de la sociedad que causó la alternancia en participación política organizada, en sustitución del corporativismo vetusto por fórmulas de organización social renovadas. Relegado quedó también el empuje por cumplir con la demanda de rendición de cuentas. En lo fundamental, el presidente se desdijo e incumplió. Se culpó a los partidos opositores, principalmente al PRI, de obstruccionismo; pero la impericia y la falta de capacidad negociadora para vencerlo fueron evidentes.

Al desmontaje de un sistema hegemónico coordinado piramidal y centralmente no siguió un proyecto de coordinación y cooperación política nacional bajo nuevas reglas democráticas. A la apertura del sistema electoral no le secundó la reforma del régimen de ejercicio del poder, ni siquiera como proyecto. A Fox le dio un mentís su propio partido al elegir como candidato a la Presidencia en 2006 a un disidente que había marcado su raya y hecho proselitismo por su cuenta. Llegó, así, libre de ataduras del gobierno precedente.

Debe reconocerse que el gobierno de Calderón hizo un nuevo esfuerzo por adecuar algunos componentes básicos del régimen con la iniciativa de reforma constitucional en la materia que incluía la segunda vuelta en elecciones presidenciales y la reelección legislativa y municipal (que no fueron aceptadas por la mayoría), consulta e iniciativa popular, iniciativa preferente del presidente y otras disposiciones. No hubo acuerdo en reelección de alcaldes y legisladores. Tampoco se ha conseguido enfocar adecuadamente los problemas del federalismo. Si bien la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental establece obligaciones para estados y municipios en materia de transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos que reciben de la Federación, sigue presente un agudo desequilibrio de poder entre gobernadores, legislaturas y municipios, así como entre entidades y Federación.

Una larga tradición de poder omnímodo de los ejecutivos estatales detiene el equilibrio de poderes políticos y, por consiguiente, merma su representatividad, mientras que poderosos grupos de interés se siguen colando en las decisiones e interponiendo como verdaderos factores que limitan la representación de los ciudadanos en los poderes formales del Estado. A esto se añade la ausencia de reelección consecutiva y la centralización fiscal prevaleciente. La primera abona a la piramidación de la autoridad pública en los ejecutivos en detrimento de legislativos y judiciales y la segunda impide la recomposición del tejido comunitario e inhibe la iniciativa política de las comunidades.

En descargo de la administración calderonista, no es esta una visión prevaleciente en ella, sino sobre todo en los partidos que fueron oposición durante la “docena” de gobiernos panistas. Sin embargo, en un sistema presidencial, la jefatura del Estado reside en el Ejecutivo nacional y, a fin de cuentas, la responsabilidad de la conducción general de la administración pública.

Otro registro esencialmente político obliga a reflexionar sobre las estrategias dominantes en tres materias: combate al crimen, derechos humanos y estructura institucional de la economía. El saldo de la estrategia seguida para someter a la ley al crimen organizado está por revisarse. Se puede anticipar, sin embargo, que “la violencia legítima” ha crecido sin el debido control político de una democracia y ello afecta a los derechos humanos. A pesar de que éstos han sido elevados a la Constitución, ni el sistema de justicia, ni las autoridades de todo tipo están preparadas para cumplir con el mandato de anteponerlos en sus decisiones en toda circunstancia. De ahí que la brecha entre la ley y su cumplimiento haya crecido abismalmente, sin que se aviste el camino a seguir por los retardos en justicia penal y amparo.

Finalmente, si la Constitución consagra la obligación del Estado de impedir monopolios y prácticas monopólicas es obvio que ha fallado gravemente al permitirlos. De nuevo, es responsabilidad del Estado, no sólo de la administración, pero es esta última la que conduce la locomotora del Estado. A pesar de que hemos construido un sistema electoral y de partidos democrático, éste no ha operado para atender el clamor de abrir la economía a la competencia y a la modernización científico-técnica. Las oligarquías beneficiarias del modelo autoritario van quedando intocadas por la esterilidad de la representación política.

La “docena panista” no es en rigor sólo del PAN, sino del nudo gordiano formado por un pluralismo democrático atrapado en un régimen todavía autoritario. De los dos, el que gane la contienda se impondrá en el Estado resultante de esta convulsa etapa nacional.

Director de Flacso sede México

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